El informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias calificó como ilegal y arbitraria la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y exigió su liberación inmediata. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce rechazó el pronunciamiento y, a través del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, insistió en que la comunidad internacional no debe interferir en los asuntos judiciales del país.
Pese a que la independencia judicial en Bolivia es constantemente cuestionada por organismos internacionales, el Gobierno sigue defendiendo su narrativa y desestima cualquier señalamiento sobre uso político de la justicia. Mientras tanto, Camacho sigue detenido, en un proceso que para muchos refleja más una persecución política que un verdadero compromiso con el Estado de derecho.
