El secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), Emerson Calderón, indicó este jueves que es competencia de la Gobernación de Potosí encarar una causa sobre la deuda histórica vinculada a las aguas del Silala.
“Este es un asunto (la deuda histórica) que no ha estado en litigio en la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto la misma Corte ha establecido en la lectura de su fallo que este asunto no ha sido solicitado dentro de este proceso, de tal manera que esto llevará su curso al margen de la decisión de esta Corte y es un asunto que compete a la Gobernación de Potosí, sucesora de la Prefectura de Potosí”, indicó Calderón durante una conferencia deprensa en la ciudad de La Haya, países Bajos.
El funcionario recordó que esta deuda histórica se vincula al resarcimiento que recibía la otrora Prefectura de Potosí por la concesión que se hizo en 1908 a la empresa Bolivia Railway Company Limited Co. Ltd. para el uso de las agua del Silala.
La concesión estaba dirigida exclusivamente a la alimentación de las locomotoras a fuerza de vapor de la empresa chilena. Sin embargo, la concesión fue anulada el 14 de febrero de 1997 mediante Resolución Administrativa 71/97, que a su vez fue elevada a Decreto Supremo por el Gobierno de entonces.
En la parte resolutiva del decreto se señala: La Resolución Prefectural, se justifica plenamente con la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano; Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado”.
Obras civiles desarrolladas en la frontera en ese tiempo incrementaron el caudal que va hacia Chile, según estudios presentados por Bolivia durante el proceso desarrollado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exigió que Chile pague la deuda histórica por el uso del agua del Silala. De hecho, esa exigencia hizo fracasar un principio de acuerdo en el que Chile se comprometía a pagar por el 50% del agua que iba a su territorio.
De acuerdo con el vocero boliviano para este proceso, Sebastián Michel, si se aceptaba ese acuerdo, Chile habría pagado “17.000 dólares cada día por el 50 por ciento del uso de las aguas” del Silala.
“Lamentablemente algunos sectores de la población lo rechazaron. Son 17.000 dólares diarios que hubiéramos ganado como país y como departamento de Potosí a partir de ese acuerdo del año 2009”, insistió Michel.
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