La aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que autoriza el resarcimiento económico a 1.714 víctimas de violencia política durante los gobiernos militares de 1964 a 1982 trae a la memoria al teniente Manfred Reyes Villa.
Reyes Villa —aliado político del gobierno del ultra liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), ex prefecto y hoy alcalde de Cochabamba— fue edecán en 1980 de uno de los más sanguinarios ministros del gobierno de Luis García Meza: Luis Arce Gómez.
Arce Gómez cumplió 14 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Luego fue extraditado a Bolivia y en Chonchocoro pasó sus últimos días de vida encerrado por una sentencia de asesinato y genocidio que cometió en su condición de Ministro del Interior.
Se lo recuerda como un hombre sanguinario y temido. Su forma de actuar se manifestó en una famosa conferencia de prensa en 1980, en la que advirtió que activistas debían dejar el país y que quien quebrante el decreto ley de seguridad nacional debería andar con su «testamento bajo el brazo».
«Todos los elementos que contradigan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón», dijo entonces.
Manfred Reyes Villa, en su condición de edecán, con rango de teniente, estuvo constantemente al lado de su comandante y ministro durante la dictadura.
Su padre, Armando Reyes Villa, fue parte del golpe de Estado.
El golpe, de acuerdo con diversos informes de Derechos Humanos, libros y testimonios, fue ejecutado con la ayuda de la CIA norteamericana en complicidad con la DEA con la finalidad de impedir las libertades democráticas, el avance de la clase obrera y el control del creciente negocio de tráfico de drogas.
En este escenario delictivo, el joven militar formado en 1976 en la Escuela de las Américas, sería nombrado edecán de Arce Gómez, señala una investigación de Fabriles Socialistas Revolucionarios.
“Es decir, los inicios en la arena política de Manfred, están vinculados a la dictadura del narcotráfico, sino es así¿cómo podría un joven y simple capitán haber logrado forjar el dinero suficiente para emplazar una millonaria empresa internacional de bienes raíces?”, se pregunta ese colectivo.
El proyecto de ley de resarcimiento económico a víctimas de la violencia política durante los gobiernos militares es un viejo anhelo de organismos de los colectivos de derechos humanos.
El proyecto de ley aprobado en Diputados prevé el pago de Bs. 99,9 millones, con dinero del Tesoro General de la Nación, a quienes participaron en la calificación y cumplieron con la presentación de pruebas.
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