La Paz, 07 de diciembre de 2024 (BOLNEWS). –
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció este sábado la existencia de operaciones de sabotaje y desabastecimiento de aceite comestible en Bolivia, un fenómeno que considera parte de una “guerra económica” que busca afectar la seguridad alimentaria del pueblo boliviano. La ministra destacó que la demanda interna de aceite representa menos del 20% de la producción total, por lo que aseguró que no debería haber desabastecimiento en el mercado.
Sabotaje y Especulación: El Trasfondo del Desabastecimiento
En una conferencia de prensa, Prada explicó que la oferta de aceite refinado de soya en el país es más que suficiente para cubrir las necesidades del mercado interno. Según la ministra, la producción total es de 457.292 toneladas (t), de las cuales 328.609 t se destinan a la exportación, mientras que el consumo interno al 15 de noviembre llegó a 75.992 t. A pesar de estas cifras, la ministra señaló que hasta el 31 de diciembre se estima que la demanda nacional solo alcanzará las 12.944 t, lo que deja un saldo de 39.747 t disponibles.
“Es inaceptable que, aún con estos números, existan faltantes de aceite en el mercado interno. Esto responde a un interés económico y político que está afectando a las familias bolivianas”, afirmó la ministra. Prada acusó a personas “inescrupulosas” que, motivadas por intereses personales, están incurriendo en el delito de agio y especulación, ocultando el producto para elevar artificialmente los precios.
La “Guerra Económica” y sus Consecuencias para las Familias
Prada fue enfática al calificar esta situación como una parte de una “guerra económica” orquestada con el fin de generar desestabilización en el país. Según la ministra, esta estrategia no es casual y busca “desgastar y debilitar” al gobierno del presidente Luis Arce, afectando directamente el bienestar de la población.
“Estamos viendo cómo este tipo de prácticas impactan en la alimentación de las familias bolivianas. Esta es una guerra económica que no solo tiene que ver con el aceite, sino que se extiende a muchas otras áreas de la economía”, expresó.
Seguridad Alimentaria: Una Prioridad del Gobierno
La ministra recordó que la prioridad del gobierno de Luis Arce desde el inicio de su mandato fue recuperar la seguridad alimentaria para los bolivianos, especialmente después de heredar una economía golpeada por una crisis profunda. Resaltó que, en ese contexto, se impulsaron políticas de soberanía alimentaria, priorizando el abastecimiento interno de alimentos antes que las exportaciones.
“Desde que asumimos, hemos trabajado intensamente para garantizar la seguridad alimentaria de las familias bolivianas. La mesa de los bolivianos siempre será nuestra prioridad. Solo después de cubrir las necesidades internas, nos ocupamos de la exportación”, recalcó.
Lucha Contra el Agio y la Especulación
Para enfrentar esta crisis, el gobierno ha implementado una serie de acciones orientadas a combatir el agio y la especulación, prácticas que, según la ministra, están siendo utilizadas para dañar a la población en beneficio de unos pocos. Prada hizo un llamado a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos para sancionar estas prácticas ilegales, y reiteró el compromiso del gobierno para proteger los intereses del pueblo boliviano, en especial en un contexto de inflación y crisis económica global.
“La lucha contra la especulación y el agio es parte de nuestra política para garantizar que no haya injusticias en el mercado y que los productos básicos lleguen a las familias sin que se vean afectados por intereses mezquinos”, concluyó la ministra.
El Desafío de Garantizar el Abastecimiento
El gobierno ha comprometido recursos y esfuerzos para enfrentar los intentos de desestabilización que se están llevando a cabo, y ha asegurado que el suministro de aceite y otros productos esenciales está garantizado. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, y la ministra Prada advirtió que la ciudadanía debe estar alerta ante estas maniobras especulativas que buscan, según su criterio, socavar el trabajo del gobierno y perjudicar a los bolivianos más vulnerables.
