El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, reiteró este lunes que no corresponde que los políticos se pronuncien respecto a la competencia de tribunales, sin haber escuchado antes el criterio de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que con su pronunciamiento respecto al Caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) marcará jurisprudencia en relación a los actos ilegales cometidos durante el periodo de facto de 2019-2020.
“Tiene que quedar claro para el país que este tema de la competencia de los juicios, es una tarea de los jueces, no de los políticos. Nosotros como Ministerio de Justicia tenemos total claridad en que serán las acciones judiciales las que determinen cualquier aspecto que tenga que ver con los juicios por gestiones, por omisiones y por todo lo que ha ocurrido en el tiempo del periodo del gobierno de facto”, indicó la autoridad, según un boletín institucional de esa cartera de Estado.
Recordó que el Ministerio Público presentó una acción de Amparo Constitucional en el caso EBA, “en ese caso seguramente habrá un primer pronunciamiento en La Paz y luego el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunciará. Mientras el TCP no hable, creo que es una impertinencia que los políticos podamos dar criterios”, agregó.
El 15 de junio, el ministro manifestó que la decisión de procesar a la exsenadora Jeanine Áñez, y sus cómplices por las masacres y graves violaciones de derechos humanos en un juicio ordinario o de responsabilidades, corresponde a los jueces y no a los políticos.
“Esperamos que ya en los próximos días tengamos la audiencia y que finalmente el Tribunal Constitucional dilucide la competencia a partir de una naturaleza netamente jurídica”, señaló y reiteró su posición de pleno respeto a la independencia judicial; además del mandato de memoria, verdad y justicia para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante el periodo de facto.
Respecto al caso Golpe II, el Ministro de Justicia explicó que la defensa de Áñez planteó una excepción de incompetencia que fue rechazada en dos ocasiones, por lo que ya existe una calidad de cosa juzgada; además, agregó que las observaciones preliminares de organismos internacionales publicadas en los últimos días, tienen relación a problemas estructurales de la justicia y no a la competencia del tribunal que conoce la causa.
«Como ustedes han visto, las seis observaciones que presenta el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no incluyen el tema de competencia, no dicen ‘la señora Áñez debió ser juzgada en la vía de juicio de responsabilidades’, y no lo dicen porque este es un acto jurídico consolidado, es un hecho jurídico que ya ha quedado plenamente consolidado para la comunidad internacional también. Ella fue juzgada como senadora en la vía ordinaria y eso ya no tiene ningún debate porque ya tiene calidad de cosa juzgada, lo que venga en adelante en otras acciones, en otros procesos, vamos y dejemos que la justicia hable, que la justicia escuche y que la justicia decida», declaró.
Finalmente, cuestionó la solicitud de anulación de sentencia que hizo el político opositor Carlos Mesa y calificó de “exabrupto” su pedido; por otro lado, le recordó que de igual forma contribuyó a la impunidad para los masacradores de octubre de 2003, cuando se negó a declarar por los hechos sangrientos perpetuados cuando él era Vicepresidente del país.
