La Fiscalía requerirá, mediante mandamiento judicial, que los denunciados gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, respondan por violación a los derechos humanos durante los 36 días de paro en Santa Cruz.
La denuncia presentada por el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, la Federación Sindical Única de Campesinos de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, fue admitida por la Fiscalía debido a las evidencias suficientes para iniciar el proceso penal investigativo.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, informó que en el paro cívico cruceño hubo una sucesión y latente violación de derechos colectivos e individuales como de la vida, libertad de trabajo, circulación, acceso a la atención médica y educación, a los alimentos y la seguridad de la propiedad tanto pública como privada.
De acuerdo con el fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, la investigación se concentrará en los siguientes delitos en que habrían incurrido los denunciados (Camacho, Cuéllar y Calvo): Instigación pública a delinquir, al haber llamado a la actuación de grupos parapoliciales de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), para obligar el cierre del comercio, oficinas y actividades públicas en servicios y oficinas públicas y privadas.
Homicidio culposo, en lugares de bloqueos, como las llamadas “rotondas” en donde ejercieron violencia física y psicológica contra personas que no estaban de acuerdo con el paro forzado, y en el que fallecieron cuatro personas, una a golpes de palo, “degollamiento” por alambres, acuchillamiento y torturas mortales, además de una violación grupal en un punto de bloqueo.
Figura también en la denuncia, discriminación, odio racial y agresiones físicas por la condición de condición social, sobre todo los despectivamente calificados de “collas”.
La Fiscalía no descartó que en el curso de las diligencias policiales, se demuestren otros delitos de los denunciados por las víctimas, en cuyo caso procederá a la toma decisiones judiciales como medidas cautelares contra los denunciados.
Las denuncias cursan en la jurisdicción de Santa Cruz y La Paz. La comisión investigadora determinará las próximas horas, el procedimiento y plazos para actuar.
