La Paz, 31 de agosto de 2024 (BOLNEWS).- La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) entregará la próxima semana la reglamentación del Decreto Supremo 5203, que establece nuevas y más severas sanciones para quienes realicen quemas ilegales en el país. Este decreto, aprobado el pasado 21 de agosto, busca fortalecer las «medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal» y se espera que su implementación sea un paso decisivo en la lucha contra los incendios forestales que afectan a diversas regiones de Bolivia.
Ramiro Vidaurre, director de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), informó que «la ABT se encuentra realizando la reglamentación del Decreto Supremo que será entregado la próxima semana de manera formal al Gobierno nacional y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua». Este paso es crucial para la operativización de las nuevas normas, que incrementan las sanciones económicas para disuadir a los infractores.
Nuevas Sanciones para Combatir las Quemas Ilegales
Según lo explicado desde el Centro de Monitoreo Contra Incendios, las sanciones por quemas ilegales establecidas en este decreto oscilan entre 190 y 976 Unidades de Fomento de Vivienda (UFVs), equivalentes a multas significativas que buscarán frenar las prácticas destructivas de quemas no autorizadas. “A partir de ese momento, las nuevas infracciones por quema ilegal se acogerán a este nuevo rango de sanción pecuniaria”, explicó un representante del centro, subrayando la importancia de esta actualización normativa.
El endurecimiento de las sanciones llega en un contexto crítico de incendios forestales en Bolivia. Actualmente, la ABT sigue 274 procesos administrativos sancionadores por incendios en todo el territorio nacional. De estos, 161 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, 41 en Beni y los restantes 72 están distribuidos en otros departamentos del país. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad urgente de tomar medidas más estrictas.
Acciones Penales y Ejemplos Recientes de Aplicación
Además de los procesos administrativos, la ABT ha instaurado 61 procesos penales relacionados con incendios forestales, de los cuales 31 corresponden a personas plenamente identificadas y 30 a presuntos autores. Estas acciones demuestran el compromiso del gobierno de enfrentar de manera decidida a quienes incumplen la ley y ponen en riesgo los recursos naturales del país.
Un ejemplo reciente de la aplicación de estas medidas ocurrió el pasado miércoles en el municipio de Guarayos, departamento de Santa Cruz, donde fueron aprehendidas tres personas en flagrancia con combustible destinado a quemas forestales. Este operativo refleja la intensificación de los controles y la aplicación rigurosa de la normativa para prevenir y castigar estos delitos ambientales.
Compromiso del Gobierno con la Protección Ambiental
La entrega formal de la reglamentación del Decreto Supremo 5203 por parte de la ABT al Gobierno nacional y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua se espera que refuerce las políticas de protección ambiental y el control de actividades ilícitas que afectan al patrimonio natural de Bolivia. Este esfuerzo es parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Arce con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo.
El endurecimiento de las sanciones es una respuesta necesaria ante el aumento de los incendios forestales y las consecuencias devastadoras que estos tienen para la biodiversidad y las comunidades locales. Con estas medidas, el Gobierno busca establecer un precedente claro: la protección de los recursos naturales de Bolivia es una prioridad, y quienes atenten contra ella enfrentarán la ley con todo su rigor.
La reglamentación del Decreto Supremo 5203 es un paso fundamental para asegurar que las políticas de conservación no solo sean declarativas, sino efectivas en la práctica, alineando a Bolivia con los estándares internacionales de protección ambiental y justicia climática.
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