La Paz, 01 de agosto de 2024 (BOLNEWS). – El Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha tomado una medida contundente al dictar la baja definitiva de cinco generales implicados en el fallido golpe de Estado del pasado 26 de junio. Esta decisión, anunciada por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, responde a un riguroso proceso de investigación y tiene como objetivo sancionar severamente a los responsables de la intentona golpista.
“El Tribunal Superior, en su rol disciplinario, ha determinado la baja definitiva de estos cinco generales. Esta resolución implica su separación total del servicio activo, sin derecho a haberes, grado, honores ni uniforme. Es una acción que demuestra el compromiso con el orden y la legalidad dentro de las fuerzas armadas”, indicó Novillo durante una conferencia de prensa.
Los generales afectados por esta resolución son el general Juan José Zúñiga Macías, el vicealmirante Juan Arnés Salvador, el general Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, el general Juan Mario Paulsen Sandi y el general Franz Ordóñez Menacho. Estos altos oficiales, junto con tres excomandantes de las FFAA – del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana – fueron sujetos a un exhaustivo sumario investigativo que culminó en esta drástica medida.
“La resolución administrativa disciplinaria ha sido notificada a los implicados. Además, los demás militares de baja graduación están siendo procesados en sumarios específicos dentro de sus respectivas fuerzas”, detalló Novillo. Se espera que en los próximos días se emitan las resoluciones correspondientes para estos casos menores.
En cuanto a los aspectos legales, el ministro aclaró que, de acuerdo con el principio constitucional de no doble juzgamiento, los delitos penales militares han sido remitidos a la justicia ordinaria. “No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Por lo tanto, los delitos penales militares se han trasladado a la justicia ordinaria para asegurar que exista una única instancia investigativa”, explicó Novillo.
Esta resolución subraya el firme compromiso del gobierno con la defensa del orden democrático y la justicia dentro de las instituciones militares. La medida busca no solo sancionar a los responsables del intento de golpe, sino también fortalecer la confianza en el sistema judicial y en las fuerzas armadas del país.
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