La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT identificó que el operador VIVA – Nuevatel PCS ofertaba ilegalmente el servicio de TV por cable (distribución de señales), denominado “V+” (V plus), por lo que le impuso una sanción económica, equivalente a más de Bs 200.000.
“Nosotros no sólo velamos por la calidad, los precios y las tarifas, también controlamos la legalidad de los servicios prestados. Por ello, en el control permanente que se ejecuta a todos los operadores, hemos identificado que VIVA estaba ofertando este paquete, sin contar con la autorización respectiva, poniendo en riesgo los derechos de 80.000 usuarios que ya habían contratado el servicio”, informó en conferencia de prensa el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos.
Indicó que la ATT inició el proceso correspondiente en contra de Nuevatel PCS, debido a que la empresa no adquirió la autorización específica para prestación de Distribución de Señales (TV por cable), por lo que se le impone una sanción que oscila entre los 80.000 UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda), equivalente a más Bs 200.000. En ese sentido, la empresa decidió cesar la oferta y prestación de este servicio no autorizado.
Es primera vez que un operador grande, de la magnitud de Nuevatel PCS, incurre en la prestación de un servicio ilegal. “Un operador de esta magnitud debe cumplir con altos estándares regulatorios, normativas, condiciones técnicas y financieras para dar el servicio a las y los bolivianos”, enfatizó Ríos.
En ese marco, el ente regulador velando por la protección de los derechos del usuario, exige al operador que restituya los montos cobrados indebidamente o en su defecto concilie con los mismos, “siempre y cuando el cliente afectado acepte las condiciones ofrecidas”.
“Frente a esta situación ilegal, el único responsable es el operador VIVA, por lo que debe asumir la responsabilidad con el usuario y cumplir con el proceso sancionatorio impuesto”, aclaró Ríos.
La ATT tiene la atribución de regular y fiscalizar la prestación legal de los servicios de telecomunicaciones, controlando que todos los operadores y/o proveedores de los servicios de Telecomunicaciones cuenten con la debida autorización emitida por esta entidad.
Para ello, este ente regulador otorga autorizaciones a personas naturales y/o jurídicas que requieran prestar algún servicio de telecomunicaciones en el país y también realiza la fiscalización continua de la correcta prestación de dichos servicios ofertados, según un reporte institucional.
