En el Gobierno evalúan iniciar un proceso penal por prevaricato en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada y Gonzalo Hurtado que beneficiaron a la familia del exministro Branko Marinkovic con la posesión de más de 33.000 hectárea de tierra que estaban en disputa desde los 90.
El viceministro de Tierras, Ramiro Guerreo, el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, coincidieron en una conferencia de prensa en rechazar el fallo del control constitucional y denunciar que está alejado del ordenamiento jurídico sobre la materia.
“Estamos evaluando la posibilidad de un proceso penal contra estos dos magistrados por prevaricato. Hemos analizado ambas sentencias y realmente es una aberración jurídica lo que han hecho estos señores, vamos a evaluar la posibilidad de iniciarles un proceso por prevaricato”, informó Guerreo.
Espada y Hurtado, integrantes de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitieron la sentencia SCP 1016/2023-S4 el 28 de diciembre de 2023, anulando la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, que negó a la familia Marinkovic el derecho sobre esas tierras, y consolidando el derecho propietario sobre más de 33.000 hectáreas en la “Laguna Corazón”, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, y en Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania.
De acuerdo con Guerrero, los magistrados incluso fallaron más allá de lo solicitado, actuaron de “manera dolosa” y “fuera del ordenamiento legal vigente”, vulnerando, incluso, la Constitución que fija un límite de 5.000 hectáreas de tierra como propiedad, pero, además, contradiciendo sentencias anteriores sobre el mismo caso.
“Estas sentencias van en contra de otras sentencias, estos magistrados del Tribunal no respetaron ni sus propias sentencias, ni la jurisprudencia que emitieron ellos mismos, se van a reconocer derechos más allá de lo que solicitan los accionantes, es, como decimos los abogados, ultra petita, que va mucho más allá de lo solicitado”, explicó.
También denunció irregularices en el proceso, porque el Viceministerio no fue notificado por el tablero, como alegaron desde el TCP.
Luego de que se conoció la sentencia, autoridades del Viceministerio solicitaron a la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que realice complementaciones, enmiendas y aclaraciones sobre los alcances de su sentencia.
“¿El INRA qué sentencia debería ejecutar? cuando ellos mismos emiten sentencias totalmente contradictorias y fuera de lugar”, insistió en alusión a las dos sentencias dictadas sobre este mismo caso.
El ministro Mamani llamó “verdugos” a los dos magistrados del TCP, advirtió que el Gobierno hará respetar los derechos de los bolivianos sobre estas tierras y afirmó que estos actos de prevaricato tienen que ser castigados.
De acuerdo con los detalles proporcionados por Guerrero, el proceso sobre los predios Laguna Corazón, en Guarayos, y Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania, data de 1998.
En 2020, aprovechando su cargo de ministro de Estado, Marinkovic obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que otorgó a su familia la propiedad sobre esos territorios.
Ante esa situación, el gobierno del presidente Luis Arce emitió el decreto 4494 para que se inicie un proceso por la entrega de los predios.
En consecuencia, en mayo de 2021 se presentó una demanda en el Tribunal Agroambiental en contra de las disposiciones legales que favorecieron a la familia del exministro de la presidenta de facto Jeanine Áñez.
En esa ocasión, el Tribunal Agroambiental determinó “probadas las demandas del Viceministerio y dejó sin efecto las resoluciones supremas que reconocieron la propiedad sobre esos terrenos”.
Fue por ello que la defensa de la familia Marinkovic presentó una acción de amparo constitucional, pero se deniega la tutela, por lo que subsistía la sentencia del Tribunal Agroambiental.
“En dos instancias nos dan la razón de que estas tierras habían sido obtenidas con vicios de nulidad en los expedientes agrarios, una incorrecta valoración de los documentos de transferencia, vulneración a los límites constitucionales”, explicó.
Fue en la etapa de revisión que la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anula la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz y la sentencia del Tribunal Agroambiental, consolidando el derecho propietario de la familia Marinkovic sobre más de 33.000 hectáreas.
