El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, aclaró este viernes que los tres contratos de exploración de hidrocarburos, que representan una inversión de $us 504,5 millones, fueron socializados y denunció que la Cámara de Senadores postergó su aprobación “sin criterio objetivo”.
“Estamos ya por más de 500 días en la Cámara tratando de buscar esta aprobación y la autorización de estos contratos (…); sin embargo, (fueron postergados) sin un criterio objetivo y sin más argumentos que decir que no se habría socializado”, dijo, en contacto con Patria Nueva.
Se trata de tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación, suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la empresa Vintage Petroleum Bolivia LTD., que viabilizan una inversión de $us 504,5 millones.
El primer contrato se refiere al área Sayurenda, localizada en Tarija y suscrito el 20 de enero de 2023. Prevé una inversión $us 57,4 millones; 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables; 2,8 millones de barriles (MMBBL); y $us 162,3 millones de renta petrolera.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Caraidanti, ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, firmado el 20 de enero de 2023, donde Vintage ejecutará $us 194 millones de inversión; proyecta 163,1 BCF y 10,9 MMBBL en recursos recuperables, además de una renta petrolera de $us 650,9 millones.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, ubicada en el departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023, donde se prevé una inversión de $us 252 millones; 171,3 BCF y 12,80 MMBBL de recursos recuperables. Asimismo, se calcula una renta petrolera de $us 701,1 millones.
Los contratos viabilizan inversiones para las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación) en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.
El viceministro Mayta calificó de negligente la postergación de la aprobación de esos contratos y señaló que ello perjudica al país y a la empresa extranjera, ya que se socializó durante dos años tanto en Diputados como en Senadores.
“Esta negligencia, esta forma de perjudicar al Estado por capricho de que no se habría informado cuando ya venimos más de dos años informando, es algo que el día de mañana seguramente va a ser cobrado por las regiones que son las afectadas”, manifestó.
