«Es un paso importante en la búsqueda de justicia», dijo este martes el canciller Rogelio Mayta respecto a la decisión de un juez de Estados Unidos que ratificó la responsabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en la masacre de 2003 y confirmó el pago de $us 10 millones en favor de las víctimas.
Mayta, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo un recuento del proceso judicial iniciado en 2007 contra las exautoridades que fugaron a Estados Unidos tras la matanza de 2003 que dejó un saldo de más de 67 muertos y 400 heridos que salieron en defensa del gas.
Explicó que, en 2007, los familiares de las víctimas de la masacre analizaron que resultaba complicado que Estados Unidos extradite a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, debido a la afinidad de las exautoridades con las políticas de Washington. Por ello, eligieron la vía judicial civil debido a que ambos acusados se amparan en suelo estadounidense.
Para ese fin, con el apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y un grupo de abogados, se impulsó el juicio en Estados Unidos. En abril de 2018, un jurado de 10 ciudadanos escuchó el caso y encontró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por las ejecuciones extrajudiciales y determinó el pago de una reparación de $us 10 millones a las víctimas.
Sin embargo, los acusados apelaron y lograron que el juez desestime la decisión del jurado. Ante esa situación, las víctimas apelaron y lograron que el juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, deniegue la moción planteada por los acusados respecto al proceso en que se los responsabiliza por la masacre y ratifique la sentencia que establece el resarcimiento económico.
«Esto es un paso muy importante en el camino a la justicia», sostuvo el Canciller, quien explicó que los acusados aún tienen la posibilidad legal de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU, instancia en la que se prevé que el proceso demore varios meses más.
Consultado sobre el pedido de extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, el Canciller dijo que en 2008 se envió un exhorto suplicatorio. Ante ello, EEUU respondió exigiendo ajustes a la demanda. En 2013, se hicieron los ajustes, pero Estados Unidos «no aceptó ni rechazó» la solicitud de extradición.
Según Mayta, esta falta de respuesta formal de EEUU por varios años puede ser considerada como un rechazo al pedido de extradición, situación que no significa que se deba bajar las manos para conseguir el objetivo de traer a los acusados al país.
