La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebraron la entrada en vigor del acuerdo ambiental de Escazú, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra.
Hoy, entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
“La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo”, se lee en parte de un comunicado difundido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En América Latina, se produce un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor”, añade el comunicado.
El manejo de la pandemia por COVID-19 derivó en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
