El influyente Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunció este viernes la abrupta y violenta interrupción del orden constitucional el año 2019 y convocó a la comunidad internacional a apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia que se lleva adelante en Bolivia.
“El CLAJUD insta a la comunidad internacional a apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia en Bolivia, bajo los principios de autodeterminación, debido proceso y no interferencia en asuntos internos”, indica ese organismo continental, más España, en un informe público que fue difundido.
El Consejo manifestó su “preocupación” ante los pronunciamientos de sectores que cuestionan la supuesta falta de independencia de la justicia boliviana, aludiendo a que se trataría de una venganza o incluso de un caso de persecución política, dejando en estado de indefensión a las múltiples víctimas.
“Un golpe de Estado realizado con la interferencia de la OEA, bajo la dirección de su secretario general, Luis Almagro, una ruptura fuera de todo orden constitucional, que llevó al Estado Plurinacional a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes”, indica el documento del Grupo de Puebla.
El Consejo recuerda que luego de las elecciones generales de 2020, que dio por ganador a Luis Arce con 55%, se restableció la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos.
Con el orden constitucional restablecido, señala la organización latinoamericana, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos y sancionarlos si corresponde.
“Y la justicia boliviana es la única facultada de hacerlo en el marco de un debido proceso que garantice a los imputados la amplia defensa”.
De acuerdo con el CLAJUD, varios informes demostraron los hechos extremadamente graves de vulneración de los derechos humanos que se sucedieron en Bolivia: informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019” de la Defensoría del Pueblo; Informe Final “sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
“En todos los documentos informativos se evidenciaron las graves vulneraciones de derechos ocurridos a partir de la irregular autoproclamación de la señora Jeanine Áñez como presidenta ante un Parlamento prácticamente vacío”, señala el informe del Consejo.
La justicia boliviana inició el juicio oral contra los autores de estos hechos con el objetivo de hacer conocer la verdad sobre los acontecimientos del 2019, conforme a la Constitución Política del Estado boliviano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
