México y Argentina denunciaron la instrumentalización política que se hizo de la OEA para facilitar y crear condiciones dirigidas al golpe de Estado de 2019 en Bolivia y coincideron en afirmar que este caso no está cerrado.
Las posiciones fueron expresadas este miércoles tras la presentación, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones de derechos humanos suscitadas en Bolivia en 2019.
México
La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, fue enfática al explicar que la Secretaría General de la OEA (dirigida por Luis Almagro) impulsó la instrumentalización política del organismo internacional con el fin de facilitar el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
Explicó que ese caso no está cerrado por lo que se debe sentar un precedente para evitar una nueva injerencia de la Secretaría General en la soberanía de los países.
No solo eso, la diplomática mexicana cuestionó que la OEA pretenda desincentivar la participación de los países para tomar posición sobre el informe del GIEI.
Dijo que ese desincentivo “retrata de cuerpo completo cuales son las prioridades de esta organización y cual es el manejo y la instrumentalización política de sus prioridades”.
Sostuvo que “sigue abierto” el caso ocurrido en Bolivia en 2019 “aunque resulte incómodo y voces antidemocráticas de funcionarios de la OEA aseguren que el trabajo de la misión de observación electoral en Bolivia en 2019 es un asunto cerrado, cuando en realidad su instrumentalización política facilitó el golpe de Estado que sufrió Bolivia”.
“Es necesario rescatar para la memoria, verdad y justicia que lo acontecido en ese país (Bolivia) y asegurar que ello no se repita nunca más en ningún otro sitio del hemisferio. El asunto está abierto hasta que sea aclarado el papel de la OEA en una actuación que sienta precedente inaceptable para nuestros países y se constituye en un grave precedente de intervencionismo en un formato de actuación política que puede ser aplicado en cualquiera de nuestros países si es avalado en la OEA resulta doblemente grave y atenta contra el prestigio de la organización”, manifestó.
“Es importante que la Secretaría General (dirigida por Almagro) reflexiona profundamente sobre el rol que tuvieron antes, durante y después del rompimiento constitucional que vivió Bolivia en 2019”, añadió.
Argentina
A su turno, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Alberto Raimundi, calificó como “golpe de Estado” lo ocurrido en Bolivia en 2019 y lamentó el papel del entonces presidente argentino, Mauricio Macri, quien entregó material bélico al régimen de Jeanine Áñez por lo cual es enjuiciado en su país por contrabando agravado.
Ese material bélico fue usado en Bolivia para “reprimir al pueblo boliviano”, indicó.
“Aquí estamos en una Organización (OEA) que tiene una profunda responsabilidad en haber creado condiciones y clima social y político para ese golpe de Estado”, dijo.
Explicó que ese papel del organismo internacional “no es un caso cerrado. Mucho ayudaría a recuperar la legitimidad de esta organización, que se reconozca esa responsabilidad histórica que tuvo la conducción de esta Organización cuando avaló determinadas posiciones de la observación electoral para crear las condiciones para ese golpe de Estado”.
Uruguay
Respecto al informe del GIEI, el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, dijo que ese reporte se constituye en una “prueba contundente” para iniciar procesos judiciales ya que cuenta con testimonios, estudios técnicos y documentos fundamentados.
Antigua y Barbuda
Otros embajadores como Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, dijeron que se quedaron “anonadados” y “alarmados” ante los datos expresados por el GIEI sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia en 2019.
Lamentó que esos acontecimientos hayan ocurrido frente a la OEA.
Canadá y EEUU
El representante de Canadá Hugh Adsett, destacó el informe del GIE y la importancia de encontrar verdad y justicia.
El embajador alterno de EEUU ante la OEA, Thomas Lersten, pidió procesos judiciales imparciales a oponentes y aliados respecto a los hechos de 2019.
Según el informe del GIEI, “hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas”.
“El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales”, afirmó Marlon Weichert, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Por esos hechos, Jeanine Áñez y algunos actores de su régimen se encuentran detenidos.
