A más de un año y medio de gestión, el Gobierno Municipal de La Paz, dirigido por Iván Arias, no ejecutó el presupuesto asignado del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para educación, denunció este lunes la concejal del MAS, Roxana Pérez del Castillo.
La concejal lamentó que el alcalde no atienda las demandas de los padres de familia del Macrodistrito Max Paredes -que están en huelga de hambre desde el día jueves de la anterior semana- de mantenimiento de la infraestructura escolar, entre otros requerimientos en el ámbito de educación.
“El mantenimiento de unidades escolares tiene una fuente de financiamiento por el IDH, fuente que no se revierte, que se queda en las arcas del municipio, es decir que hace más de dos años se ha estado inyectando recursos en el municipio para este fin y nadie sabe qué paso con la plata, de los dos años, un año y medio son responsabilidad exclusiva del alcalde actual”, dijo Pérez del Castillo.
La Paz tiene un presupuesto de Bs 40 millones por el IDH destinado a educación y salud.
La concejal recordó también que el alcalde adquirió un crédito de Bs 175 millones, que generó un gasto de Bs 50 millones en intereses.
El préstamo gestionado en el Banco Bisa fue cuestionado en su momento por concejales del MAS y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz debido a que se identificaron varias deficiencias de orden legal y técnico.
De los recursos económicos del préstamo, el alcalde Arias se comprometió con las Juntas Escolares a invertir Bs 20 millones para el mantenimiento de las unidades escolares.
“Sin embargo, desde febrero de este año se ha aprobado el crédito y no han tenido la capacidad de ejecutar un solo centavo a favor del mantenimiento de las unidades educativas”, reclamó la concejal.
Otro tema que cuestionó Pérez del Castillo es el desayuno escolar cuya entrega tiene deficiencias.
“Es un desastre, se los entregaba semanalmente como si tuvieran donde almacenar, cuando no tienen donde pasar clases, hubo denuncias sobre productos en mal estado, no hay la mochila escolar, realmente las necesidades en educación de competencia exclusiva del burgomaestre han sido abandonadas”, acusó.
La legisladora denunció también que “coincidentemente” la pasada semana, el oficialismo municipal aprobó una Ley de Ajuste Normativo destinado a abrogar la Ley 475 de Auditorias y Fiscalización.
En criterio de la concejal, dejar sin efecto la Ley de Auditorias y Fiscalización tiene el propósito de “cubrir de impunidad al alcalde porque le incomoda la fiscalización”.
“¿Qué ha hecho con los 40 millones de bolivianos destinados al mantenimiento de unidades educativas? ¿Qué ha hecho con los recursos emergentes del PumaKatari, del seguro? ¿Qué ha hecho en salud que es otra área abandonada?”, cuestionó.
