Diferentes organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) de Beni y la ministra de Trabajo, Verónica Navia, recibieron el informe de la GIEI sobre la violación de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“El informe de la GIEI es una expresión clara de la libertad de expresión y vigencia plena de la democracia en Bolivia. La investigación es el resultado de un trabajo de ocho meses por un grupo disciplinario de cinco expertos totalmente independiente”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, citada en un boletín institucional.

El informe ratifica los hechos de violencia ocurridos en Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba), el Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz), además de Potosí, Sucre y Oruro, ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Navia sostuvo que la violencia ejercida contra el pueblo “tuvo un alto contenido racista porque se apeló a la identidad étnica para identificar a supuestos terroristas y comunistas contrarios al régimen golpista».

El informe, contemplado en más de 750 páginas, recopila testimonios “desgarradores cuyas características evocan las dictaduras militares de los años 70 y 80 por el uso excesivo de fuerza por parte de policías y militares, apoyados por grupos civiles y paramilitares”, explico la autoridad laboral.

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