Como un capricho político definió este martes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la decisión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de ir a un cabildo, este 30 de septiembre, y concretar un posible paro indefinido en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023 que, en realidad, lo que busca es “tapar su mala gestión” y la “baja” ejecución en inversión pública”.
“Paralizar un departamento por caprichos políticos para tratar de tapar su baja ejecución y su mala gestión no tiene sentido, han convocado a dos paros cuando ellos sabían que su propuesta (para realizar el Censo en 2023) estaba incompleta”, afirmó la viceministra en declaraciones a la prensa.
Convocado para este 30 de septiembre por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el cabildo asumiría “medidas de hecho”, de acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, para obligar al Gobierno a realizar el Censo en 2023 y no en 2024 como lo determinó en consenso el Consejo Nacional de Autonomías, el 12 de julio.
Definida por el gobernador como “la última oportunidad”, esa junta optaría por ir a un paro indefinido, pero también se habló de ejecutar una “desobediencia civil”.
Se trataría de la tercera vez que los sectores de poder de Santa Cruz optan por el paro, luego de los cumplidos el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto, pese a que para entonces la universidad cruceña no contaba con su propuesta concluida para que la encuesta nacional se realice en 2023.
Alcón dijo que fue un acto irresponsable llevar a la población a esos dos paros sin tener un trabajo completo y que provocó pérdidas de más de $us 30 millones por día.
Si acaso se opta por esta medida de presión, no contaría con el apoyo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y tampoco de los empresarios, porque la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), anunciaron que no pueden parar el aparato productor del departamento.
Para la viceministra lo que pretende el gobernador cruceño es tratar de cubrir con el paro su mala gestión, porque hasta el mes de agosto la ejecución de inversión pública llegó solo al 17% en el departamento.
De acuerdo con los datos presentados el fin de semana por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la Gobernación presupuestó Bs 205 millones en inversión pública, de los cuales ejecutó sólo Bs 34 millones, lo que representa el 17% del total programado.
En tanto, para gasto corriente –que se refiere al pago de salarios, pago de servicios, transferencias, impuestos y deuda– la ejecución llega al 51%, con Bs 1.087 millones de los Bs 2.114 millones programados para esta gestión.
La ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” de Santa Cruz, Felipa Yalili Montenegro, también cuestionó la falta de obras por parte de la Gobernación y las promesas incumplidas de generar fuentes de empleo.
“¿Qué ha hecho por el departamento?, lo único que quiere es generar enfrentamiento”, denunció la dirigente.
Frente a las posibles medidas que se asumirían, la viceministra solicitó al gobernador que “piense en la población cruceña y en la población boliviana que quiere resultados y mejorar su economía”, pero también cumplir con los compromisos asumidos en la reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 15 de agosto, donde se determinó que el Censo es un tema técnico y que su fecha debe definirse en ese campo.
Aseguró que el Gobierno cumplirá con la realización del Censo de forma responsable, en apego a los estándares internacionales y con el acompañamiento de los organismos internacionales.
“Vamos a darle un Censo de alto nivel a la población”, afirmó la viceministra.
