Respecto al número de personas que se pretende beneficiar con el indulto, Siles sostuvo que se cuenta con «una cifra, que todavía es variable, de 1.500 personas en cuanto a los perseguidos y procesados políticos».
Mencionó que el Ministerio de Justicia redacta aún el instrumento legal para el caso de la reparación integral de daños.
Dijo que el decreto supremo para la amnistía e indulto fue elaborado para dar una solución global a los procesados y los perseguidos políticos del gobierno de Añez.
«Es complicado atender uno por uno los casos. Cada vez se habla de más casos, ya no solamente hablamos de Sacaba, Senkata, Pedregal, zona Sur (de La Paz). Está vez están Santa Cruz, Santa Rosa y otros», enfatizó.
El instrumento legal de reparación integral, agregó, servirá para brindar asistencia económica, seguro de salud y atención psicológica para los perseguidos y procesados, quienes incluso perdieron su trabajo y tienen hijos discriminados en las unidades educativas.
«Queremos trabajar en la reparación del daño que han ocasionado estos procesos y el mismo golpe (de Estado). Hay heridos, hay muertos, hay familiares de muertos que requieren resarcimiento», complementó.
Siles recordó, finalmente, que esa entidad, en coordinación con el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, prepara un juicio de responsabilidades contra la ex presidenta transitoria Jeanine Añez y su gabinete de ministros por los hechos de violencia poselectoral registrados entre octubre y diciembre del pasado año.
