El Gobierno nacional instó este lunes a reconstruir el tejido social en Santa Cruz, que fue dañado por el discurso regionalista exacerbado por la dirigencia del Comité Interinstitucional en contra de las poblaciones rurales e indígenas, y también a atender a la gran mayoría del pueblo que fue afectado por la medida de presión que fue suspendida luego de 36 días.
Ambas tareas fueron identificadas por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quienes lamentaron, por separado, que la dirigencia cruceña haya decidido mantener el paro por más de un mes sin ningún justificativo porque terminó aceptando la propuesta que el Gobierno nacional hizo antes del inicio del paro indefinido, el 21 de octubre.
Tanto Prada como Alcón enumeraron la serie de vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron en los 36 días del paro indefinido, que se extendió entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, y que dejó al menos cuatro personales fallecidas y pérdidas económicas por más de $us 1.000 millones.
Uno de los hechos que generó mayor indignación y condena, fue las agresiones que sufrieron mujeres del pueblo indígena Ayoreo, el 28 de octubre, cuando el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, y cívicos de Concepción, las obligaron a levantar un puno de bloqueo en contra del paro indefinido.
En varios videos que registraron el hecho, se observó a Velásquez, con el dorso descubierto, increpando a las ayoreas, retándolas a que lo retiren del lugar y luego propinando golpes a varias personas sin distinguir si eran hombres o mujeres.
“Hemos tomado conocimiento que incluso se agredieron a mujeres embarazadas que las arrastraron por el cabello, incluso a una persona de la tercera edad le rompieron la nariz, los agredidos son mujeres y personas mayores”, denunció el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Luis Fernando Atanacio, en esa ocasión.
Pero los seguidores de Velásquez no se quedaron ahí. Luego del incidente, fueron a incendiar las viviendas de una comunidad ayorea, en el municipio de Concepción, y las amenazaron con desalojarlas del lugar.
Prada condenó esas acciones, defendió a las mujeres ayoreas y reprochó que autoridades pretendan desterrar a naciones que son preexistentes incluso a la República.
Aseguró que estos hechos no quedarán impunes y confirmó que se presentaron denuncias a nivel nacional e internacional para sancionar a los responsables.
Mientras esta causa sigue su procedimiento en el Órgano Judicial, la viceministra Alcón dijo que se debe “reconstruir el tejido social de Santa Cruz” afectado por el paro indefinido.
Ya antes, el defensor el Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que por efecto de la alta violencia que generó el paro en Santa Cruz se estaba rompiendo “el tejido social”.
Callisaya, que estuvo en Santa Cruz durante los días de mayor tensión, evidenció un “escenario de violencia, beligerancia y de vulneración masiva de los derechos”.
No solo contra las poblaciones rurales e indígenas, sino contra los habitantes de la ciudad de Santa Cruz porque en varios puntos de bloqueo no se permitió que las ambulancias transiten e incluso se impidió que varias personas acudan a los centros médicos.
“La población fue la que más perdió durante estos días de paro”, aseguró la ministra Prada, quien responsabilizó de ello a la dirigencia del Comité Interinstitucional, integrada por el cívico Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector Vicente Cuellar, porque rechazaron la propuesta que se les hizo el 21 de octubre, pero que luego de 36 días de paro, terminaron por aceptarla.
Antes de que inicie la medida de presión, el Gobierno propuso a los tres dirigentes realizar el Censo de Población y Vivienda el mes de abril y aplicar la distribución de los ingresos económicos por coparticipación en el mes de octubre.
El analista Marcelo Arequipa dijo que, con un proceso de diálogo, esa propuesta pudo ajustarse y aterrizar en lo que ya estableció el Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional y la distribución de los recursos económicos por coparticipación a partir del mes de septiembre.
Luego de lamentar la intransigencia de la dirigencia cruceña, la viceministra indicó que ahora corresponde es atender a la gran mayoría de la población de Santa Cruz que fue la más afectada por la medida de presión.
“La prioridad hoy es atender a la población que ha sido afectada durante los 36 días, ¿quién paga el costo a ellos? Eso es algo que tenemos que evaluar (porque) esta propuesta ya la teníamos antes del paro y nosotros hemos insistió en diálogo todos los días”, sostuvo Alcón.
