El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas defendió este viernes la alta confiabilidad del padrón electoral biométrico, como concluyó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año 2017, y atribuyó a algunos “actores políticos” la campaña de desinformación para generar desconfianza en el registro.

“Hay mucha desinformación no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo generando desinformación sobre el registro electoral”, dijo Vargas al enfatizar que no “hay relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico”, como desde hace tiempo tratan de establecer algunos políticos.

Uno de ellos es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien vincula la realización del proceso censal con el padrón electoral biométrico al que acusa de influir para que el MAS-IPSP gane varias elecciones, a pesar de que él también fue electo con ese mismo registro.

Por ejemplo, el 7 de junio de 2021, Camacho escribió en su cuenta de Twitter que “el Censo nos permitirá defender la democracia, a través de un nuevo Padrón Electoral, un rediseño de la ley de asignación de escaños a cada Departamento, y también nos permitirá exigir la revisión de las normas que sobredimensiona el peso del voto rural por sobre el voto urbano”.

Ya en estos 35 días de paro que se cumple en Santa Cruz, que pasó de pedir la realización del Censo el año 2023, sin ningún argumento técnico, a demandar una ley sobre el Censo y la distribución de escaños, el gobernador volvió a fusionar la exigencia de la encuesta nacional con un nuevo padrón con miras a las elecciones generales de 2025.

Frente a esas apreciaciones, el vocal del TSE insistió en declaraciones a La Razón Radio que “no existe relación jurídica” entre el Censo y el padrón. Argumentó que “nunca un Censo de Población determinó” la consistencia o contenido de un registro electoral.

Señaló que es “más una acción de desinformación de actores políticos que buscan forzar el tema de la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tememos”.

Argumentó que el padrón boliviano es “altamente confiable” tal como lo estableció la auditoría integral que llevó adelante la OEA el año 2017.

“La Organización (de los Estados Americanos) concluyó que el padrón es confiable para la realización de los diferentes procesos electorales, es decir que es un registro electoral altamente confiable”, insistió.

En 2017, a solicitud del Tribunal Electoral, una comisión de la OEA llegó a Bolivia para analizar el padrón y estableció básicamente dos temas al respecto: uno, que los programas informáticos usaban software anticuados y que debían ser urgentemente renovados; y dos, que más del 98% de los inscritos coincidía adecuadamente con los datos del registro civil.

Ese estudio tuvo el apoyo y fue avalado por Idea Internacional y las embajadas de España, Suecia, Suiza y Estados Unidos, recordó el periodista Raúl Peñaranda en su artículo La quimera del censo, el padrón y el fraude.

Resultado de ese trabajo, la OEA recomendó al TSE realizar la depuración de fallecidos, mejorar los procesos de saneamiento y la actualización de la plataforma tecnológica.

Vargas aseguró que el saneamiento del padrón es constante y en cuanto a la actualización de la plataforma tecnológica, dijo que ese trabajo está en proceso.

De manera adicional, el vocal del TSE recordó que en 2019 en la auditoria que hizo la misma OEA no halló irregularidades en el padrón electoral y que con ese registro se realizaron las elecciones generales el año 2020 y las subnacionales el año 2021 y que permitió la elección “de un abanico de autoridades” de “distintas organizaciones políticas”.

En la entrevista, Vargas indicó que una vez el Órgano Electoral reciba los resultados oficiales del Censo, cumplirá con la Constitución y la Ley 026 y realizará la reasignación de los escaños parlamentarios y tras ello remitirá el proyecto de ley al Legislativo.

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