La ejecutiva de las Asociaciones de Gremiales del Plan 3000, Jimena Orellana, anunció este miércoles que presentará una demanda penal en contra del gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo por los ataques y saqueos de negocios por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
“Hemos sido amedrentados, (los puestos de venta fueron) saqueados (…) mañana vamos a presentar una denuncia formal en contra del Comité Cívico y de los que hayan provocado este paro”, denunció en entrevista con Bolivia TV.
Según Orellana, los unionistas saquearon varios puestos de venta, se llevaron 84 bicicletas, desmantelaron tres motorizados, entre otros actos vandálicos.
La violencia se dio en el marco del paro cívico en Santa Cruz, convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.
El paro está caracterizado por la violencia, el racismo y la discriminación.
El popular Plano 3.000 sufre este tipo de acoso y ataques desde el 22 de octubre, día que inició la medida extrema. Los habitantes del plan rechazan el paro cívico y tratan de desarrollar sus actividades con normalidad.
La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), considerada el brazo operativo de Comité pro Santa Cruz, pretende desde hace varias noches imponer el paro declarado por la élite cruceña.
“Esa gente de Camacho desde que empezó el paro viene a atacarnos violentamente, en motos vienen encapuchados, nunca muestran su cara. Nosotros vendemos día a día, vivimos de la venta, tenemos deudas en el banco, sacamos créditos y eso tenemos que pagar. Camacho tiene plata, ellos tienen para comer, nosotros no, muchas familias sufren», reclamó una comerciante.
