José Luis Camacho Parada es el actor principal y quizás se convierta en el verdugo de su propio hijo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien gracias a la diligencia de su progenitor logró la protección de la Policía y las Fuerzas Armadas antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia y se consuma la ruptura del orden constitucional el 10 de noviembre de 2019.
Así lo consiga la resolución de ampliación de imputación formal presentada por la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios “en contra de Luis Fernando Camacho Vaca y otros, por la presunta comisión por los delitos de terrorismo, tipificado y sancionado en los artículos 133, del Código Penal”.
En ese escrito se establece uno de los elementos que marca la base argumentativa del proceso pues de las propias declaraciones de Camacho, otrora presidente del Comité Pro Santa Cruz, se evidencia la participación de agentes de Policía y de las Fuerzas Armadas en la crisis social iniciada el 21 de octubre de 2019 por las presuntas irregularidades en las elecciones generales de ese año.
“Un grupo de personas al mando de Luis Fernando Camacho Vaca, en fecha 5 de noviembre del 2019, llega a la ciudad de La Paz, donde el citado ciudadano emite declaraciones ante los medios de comunicación como Red Uno manifestando que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso para sus hangares’”, refiere parte del documento compuesto por 16 páginas.
A partir de este hecho, la Comisión presume que “un golpe de Estado estaba en desarrollo, con el objeto de deponer a un gobierno electo constitucionalmente en las urnas a través del voto popular”.
Ese 5 de noviembre de 2019, Camacho llegó a La Paz con una carta cumpliendo la promesa que hizo ante el cabildo realizado a los pies del Cristo Redentor, dos días antes, de traer firmada la carta de renuncia de Evo Morales, a quien incluso le dio un plazo de 48 horas para que dimita.
Para entonces, el padre de Fernando Camacho, José Luis Camacho Parada, quien fue paramilitar en la década de los ’70 y tuvo un rol activo en la masacre de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) en el golpe de Estado de 1971 (Valverde: 2002, p.121) que instaló la dictadura de Hugo Banzer, ya había establecido los contactos con los miembros de las Fuerzas Armadas y también con la Policía.
El nexo de las conversiones fue Luis Fernando López, quien días después sería premiado por la presidenta de facto Jeanine Añez con el cargo de Ministro de Defensa.
“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para que renuncie Evo Morales)”, declaró Camacho rodeado de un grupo de personas, aparentemente en el aeropuerto de Santa Cruz, en diciembre de 2019.
De acuerdo con Camacho, eso fue decisivo porque así se pudo llevar la protesta de Santa Cruz a La Paz pues, sino Morales habría “estado mirando todo desde el palco”.
Y así sucedió. El “pacto” con los policías, a quienes incluso Camacho les prometió una jubilación con el 100% de su sueldo, como sucede con los militares, se materializó el 8 de noviembre de 2019. Los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, que incluían la renuncia del presidente Morales.
El mismo día, la policía de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron al motín, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.
Esto generó que la Plaza Murillo, que alberga las sedes de instituciones públicas, como la Casa Grande del Pueblo, la Vicepresidencia del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional, quedaran desprotegidas.
De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el “motín aceleró la escalada de violencia en casi todo el país”.
Añadiendo a ello que el Comandante General de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, sugirió “al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, como también lo hizo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
La Comisión de Fiscales cita cada uno de esos episodios y pone en evidencia que tanto la Policía y las Fuerzas Armadas incumplieron su rol constitucional y acataron ordenes de personas que ni siquiera eran funcionarios públicos de alto rango.
En esa línea, en el documento se establece que el pronunciamiento de Kaliman suprimió, lesionó y que además se constituyó en una figura penal por desconocer el mandato del artículo 245 de la Constitución Política del Estado que de forma expresa señala que las Fuerzas Armadas son “esencialmente obedientes, no deliberan”.
En consecuencia, la comisión determina que se concretó “un presunto golpe de Estado” liderado por Camacho porque que “las dos instituciones públicas – la Policía Boliviana y FFAA – que tienen armamento pesado y letal, se deben a los principios de mando y obediencia de sus subordinados, sin embargo deciden no obedecer a una autoridad electa, más, al contrario, obedecen, custodian y protegen a una persona que no tenía competencia ni facultad jurídica para mandar y ordenar a policías y militares”.
Los fiscales establecen, en el escrito, que Camacho y otro actores se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”.
Con las Fuerzas Armadas y la Policía inmovilizadas y el paro centrado en Santa Cruz, a las 04.05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, de forma unilateral e inconsulta con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el secretario general del organismo, Luis Almagro, publicó su Informe de Hallazgos Preliminares a las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa”.
A raíz de la polémica desatada por el informe, durante la mañana el presidente Morales anunció que se repetirían las elecciones y se renovarían los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, los políticos opositores rehusaron la propuesta del jefe de Estado e hicieron pronunciamientos para que renunciara.
Ese 10 de noviembre, según testimonios recopilados por la GIEI, las Fuerzas Armadas movilizaron un caza militar para sobrevolar bloqueos en Challapata, sin solicitar la autorización del presidente o del Ministro de Defensa.
Además, privaron a Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera del uso del avión presidencial, decisión que se revirtió luego de algunas negociaciones; pero al llegar al Chapare se los trasladó al área militar de ese aeropuerto en lugar del área civil.
El mismo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a su cargo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
El plan golpista tenía con claridad su objetivo y no permitió que ningún legislador del MAS-IPSP llegara a asumir la presidencia y para cumplir ese objetivo no midieron las consecuencias.
Luego de la dimisión de Morales y García Linera, también renunciaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambas autoridades en la cadena de sucesión, según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado.
Para que Borda renuncie, los opositores incendiaron su casa, y el 10 de noviembre de 2019 tomaron de rehén a su hermano a quien lo trasladaron descalzo hasta la plaza principal de la ciudad de Potosí.
Consumado el golpe de Estado en 2019, la red Unitel, empresa bajo control del Grupo Monasterio, una de las representaciones más evidentes del poder oligárquico en Bolivia, de acuerdo con el investigador Edgar Ramos Andrade, empezó a divulgar, sin sustento normativo que, a la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, le correspondía asumir la presidencia pese a que la propia Constitución no incluía su cargo como parte de la sucesión constitucional.
No obstante, a ello, y como lo admitió el monseñor Ricardo Centellas, de “ipso facto y ahorrando formalismos”, la segunda vicepresidenta del Senado se declaró primero Presidenta del Senado, y posteriormente Presidenta del país, el 12 de noviembre de 2019, y para poner orden dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas de Sacaba y Senkata, dejando más de una treintena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y perseguidos políticos.
