El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló este lunes que el Gobierno está analizando la posibilidad de solicitar una reforma constitucional por iniciativa presidencial para endurecer las penas contra feminicidas e infanticidas más allá de los 30 años de cárcel.
“Nosotros estamos analizando la posibilidad de hacer una reforma a iniciativa del presidente, podría ser”, afirmó y explicó que demandas como la sumatoria de condenas y castración química no pueden ser incorporadas en la normativa jurídica con solo una ley.
“Hay ciertas propuestas que no pasan por una simple ley, necesitan reforma constitucional, somos claros en eso, la Constitución reconoce 30 años de cárcel sin derecho a indulto y no más”, informó respecto a la máxima pena que establece la normativa boliviana.
La sociedad demanda sanciones más duras contra feminicidas e infanticidas antes los hechos cada vez más frecuentes. A la fecha los feminicidios superan las cuatro decenas y varios de los delitos de abuso sexual contra menores de edad acaban con su asesinato.
José Andrés, de apenas nueve años, fue una de las víctimas. Rudy Yañez Villavicencio, un prófugo de la justicia con dos denuncias de agresión sexual a menores de edad, lo abusó y luego lo asesinó en Santa Fe, Santa Cruz.
Desde la sociedad surgen demandas de castración química, la sumatoria de penas por cada delito e incluso la pena de muerte.
Siles afirmó que el Ejecutivo ha “escuchado atentamente todas las propuestas que se han presentado” ante el incremento de los “hechos de violación, abuso sexual contra niños niñas y adolescentes y también violencia de género, feminicidios”.
“Todas las propuestas se están analizando, nos han propuesto pena de muerte, nos han propuesto castración química, nos han propuesta sumatoria de penas y nos han propuesto también el endurecimiento de las penas, ¿Qué nos corresponde a nosotros? Responder a eso”, afirmó en una conferencia de prensa.
Sin embargo, aclaró que avanzar en alguna de estas propuestas “necesita de una reforma constitucional”.
“La Constitución no reconoce otra condena que no sea la pena privativa de libertad; castración química u otra medida tendrá que pasar por una reforma constitucional, no lo descartamos, es decir estamos abiertos”, insistió Siles.
De acuerdo con el parágrafo primero de artículo 411 de la Constitución, “la reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo”.
“La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio”, agrega la norma.
El parágrafo segundo del mismo artículo refiere que para “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.
