El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y ONU Mujeres, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA), promueven la denuncia contra el acoso y violencia política a través de la difusión de cuatro guías informativas.
Las guías para denunciar hechos de Acoso y Violencia Política pretenden ser una herramienta útil que coadyuven a eliminar barreras para que se escuche la voz de las mujeres y que se tomen decisiones en espacios del poder público, siendo parte del debate y acción política en igualdad de condiciones y libres de violencia, lo que representa un avance claro por una democracia sustantiva, informó el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
El material informativo fue elaborado con el contenido de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres y su Decreto Reglamentario 2935 para fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia. Esta norma cumplió 11 años desde su promulgación, el 28 de mayo de 2012.
Las guías describen los procedimientos y mecanismos que se deben seguir y las instancias a las que deben acudir las mujeres candidatas, representantes electas, autoridades designadas u otras que tengan liderazgo y participación política para presentar una denuncia cuando sean víctimas de acoso y violencia política.
Asimismo, les permite identificar estos actos vulneradores de sus derechos.
La participación política de las mujeres es un derecho fundamental y a pesar de los avances normativos e institucionales persisten factores estructurales y culturales que aún limitan el ejercicio pleno de ese derecho.
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró 110 casos de acoso y violencia política.
La promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres a todos los niveles, es una de las metas que persigue ONU Mujeres como parte indisociable de su empeño en promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, segun el reporte institucional.
El VIO, en el marco de sus competencias, además de promover la igualdad de género, coadyuva en la incorporación del principio de la igualdad de oportunidades en las entidades territoriales autónomas.
