Sucre, 18 de agosto de 2024 (BOLNEWS). – El juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de corrupción en el caso denominado «Petrocontratos», se retomará este martes 20 de agosto, a las 10:00. Tras casi dos décadas desde la apertura del caso, el Tribunal de Juicio de Responsabilidades podría emitir una sentencia condenatoria en los próximos días, marcando un avance significativo en la lucha contra la impunidad.
El procurador del Estado, César Siles, confirmó que todas las pruebas presentadas por la acusación del Ministerio Público y la Procuraduría, en colaboración con el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, ya han sido evaluadas. El juicio ahora entra en su fase final, con la presentación de los descargos de la Defensa Pública. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como parte acusadora, ha aportado pruebas documentales de gran peso para sustentar las acusaciones.
El proceso se centra en la firma de 106 contratos durante las presidencias de Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Estos acuerdos, realizados sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa, favorecieron a empresas transnacionales en detrimento del Estado boliviano. De estos contratos, 52 fueron firmados durante la primera gestión de Sánchez de Lozada (1993-1997), quien junto a sus ministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar, enfrenta cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
«Esperamos que, con el ritmo acelerado que ha tomado el juicio, pronto se emita una sentencia ejemplar. Se busca una condena de 10 años de prisión para Sánchez de Lozada y sus exministros por los graves delitos de corrupción cometidos», expresó el procurador Siles. Además de la condena penal, el Estado busca una reparación civil que compense los daños económicos ocasionados.
Este juicio es más que un proceso judicial; representa un esfuerzo por sentar un precedente firme contra la impunidad y la corrupción, pilares fundamentales en la construcción de una Bolivia soberana y justa. Tras años de retrasos y obstáculos legales, la posible condena de Sánchez de Lozada enviaría un mensaje claro: quienes traicionen los intereses del pueblo boliviano deberán rendir cuentas ante la justicia.
El caso «Petrocontratos» refleja el impacto de décadas de políticas neoliberales que priorizaron los intereses extranjeros sobre los recursos del país. Con la mirada puesta en una sentencia que haga justicia, el pueblo boliviano espera que se repare el daño causado y que se fortalezca la soberanía del Estado frente a las grandes corporaciones que, durante años, saquearon sus recursos naturales.
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