La Paz, 20 de septiembre de 2024 (BOLNEWS).-
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que la empresa Inti Cururo S.R.L. no tiene autorización para realizar actividades mineras en Soracachi, municipio de Paria, en el departamento de Oruro, debido a que su solicitud de Contrato Administrativo Minero (CAM) aún se encuentra en trámite. La suspensión del proceso busca evaluar posibles afectaciones al Proyecto de Presa y Sistema de Micro Riego Kullcu (Soracachi) – Lote 1-2, actualmente en ejecución por la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua).
Protección del proyecto de riego en Soracachi
La AJAM detalló que el proceso de Consulta Previa sobre la solicitud de la empresa Inti Cururo fue suspendido para garantizar la protección del proyecto de riego, que es vital para la comunidad local. «Se dispuso la suspensión del trámite con el propósito de que las instancias competentes definan las coordenadas del área de protección del proyecto de riego y estas sean integradas al Catastro Minero», explicó la autoridad.
Además, la empresa Inti Cururo decidió desistir de varias cuadrículas incluidas en su solicitud, lo que refleja un ajuste en sus planes mineros en medio de este proceso de evaluación.
Cumplimiento de la Ley de Minería y licencias ambientales
La AJAM reiteró que el Contrato Administrativo Minero (CAM) solo adquiere validez luego de ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional e inscrito en el registro minero. Este contrato es indispensable para iniciar actividades mineras, además de requerir la correspondiente licencia ambiental emitida por la autoridad competente, conforme a la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.
«La empresa Inti Cururo no cuenta actualmente con ninguna de estas autorizaciones, por lo que cualquier actividad minera es ilegal», subrayó la AJAM, enfatizando que se garantizará el cumplimiento de la normativa para proteger tanto los proyectos de infraestructura en beneficio de la población como los recursos naturales.
Compromiso con el desarrollo sostenible
Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la protección de proyectos de desarrollo sostenible y con la gestión responsable de los recursos naturales. La prioridad del Estado es asegurar que los intereses de la comunidad y las obras en beneficio del pueblo no se vean afectadas por intereses extractivistas sin las debidas autorizaciones.
