La Paz, 09 de noviembre de 2024 (BOLNEWS). –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado boliviano a garantizar la continuidad de las elecciones judiciales, a través de un comunicado emitido el viernes, tras la controversia generada por la sentencia constitucional 0770/2024-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este fallo suspendió parcialmente las elecciones para las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en algunos departamentos del país, lo que podría generar un retroceso en la estabilidad democrática de Bolivia.
La CIDH expresó su preocupación por los efectos que esta sentencia podría tener en la institucionalidad del país, subrayando la necesidad de preservar los procesos democráticos en curso. En su comunicado, la comisión instó a que se celebren las elecciones judiciales como estaba previsto, el 15 de diciembre, y resaltó que un retraso en la designación de las más altas autoridades judiciales podría cuestionar la legitimidad del sistema de justicia y afectar el Estado de Derecho. «La demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia», destacó la CIDH.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, a través de su presidente Oscar Hassenteufel, rechazó la decisión del TCP, calificándola como una «flagrante violación» al principio de preclusión, que establece que los plazos para la realización de procesos electorales son estrictos. Según Hassenteufel, la sentencia pone en riesgo la realización de futuras elecciones en el país. En su declaración, destacó que este principio es fundamental para el sistema electoral boliviano y que cualquier alteración podría sentar un «funesto precedente».
El TSE, preocupado por la amenaza que la sentencia podría representar para el proceso electoral, ha solicitado a la Sala Cuarta del TCP una aclaración sobre el fallo. Además, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que busca asegurar la prosecución íntegra del proceso electoral judicial, argumentando que no es adecuado llevar adelante un proceso electoral fragmentado.
En un esfuerzo por buscar una solución consensuada, el TSE ha convocado para el próximo lunes a una reunión con representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con el presidente del TCP y el Fiscal General del Estado, con el fin de analizar la situación generada por la sentencia y garantizar que las elecciones judiciales se lleven a cabo en el marco de la ley.
El contexto político y social de Bolivia atraviesa un momento crítico, en el que las tensiones entre diferentes actores y el sistema judicial podrían afectar la confianza pública en el proceso electoral y en la administración de justicia. Sin embargo, tanto el Gobierno como el TSE están comprometidos en asegurar que los mecanismos democráticos no se vean interrumpidos por decisiones judiciales que puedan desvirtuar la voluntad popular.
La comunidad internacional, a través de la CIDH, mantiene su vigilancia sobre los eventos en Bolivia, enfatizando la importancia de la paz, el diálogo y el respeto a los derechos humanos como los pilares fundamentales sobre los que debe desarrollarse el proceso electoral boliviano.
RG
