La Paz, 02 de diciembre de 2024 (BOLNEWS).

El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, presentado recientemente, introduce una disposición clave para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales en todo el país. La disposición adicional séptima establece una serie de acciones para enfrentar el agio y la especulación en los precios de productos de la canasta familiar, autorizando a las entidades competentes a llevar a cabo operativos de control, fiscalización y, en casos extremos, la confiscación o decomiso de productos almacenados de manera ilícita para encarecer los precios.

“El objetivo de esta disposición es asegurar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales. Se faculta a las entidades competentes para activar acciones de control, fiscalización y decomiso de productos a los comercializadores que retengan o almacenen alimentos con el fin de incrementar artificialmente sus precios”, señala el proyecto de ley en su texto.

Control y Fiscalización para Combatir la Especulación

La medida busca erradicar la especulación y el agio, prácticas que afectan directamente a las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables. En este sentido, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que la disposición permitirá a todos los niveles del Estado actuar en conjunto para controlar la cadena de comercialización de alimentos. Los operativos de control serán realizados por las autoridades competentes con respaldo legal, lo que garantiza que los productos decomisados sean comercializados a precios justos, sin los márgenes abusivos impuestos por los intermediarios.

Silva señaló que la especulación de precios, especialmente con productos como el arroz, es llevada a cabo por intermediarios que compran grandes cantidades a pequeños productores, las almacenan en múltiples galpones y solo las venden cuando los precios aumentan. Según el viceministro, estos intermediarios fijan sus precios en función de las referencias de otros países, como Brasil, Argentina y Perú, contribuyendo así al encarecimiento artificial de productos básicos para la población boliviana.

“Están viendo cuánto está el precio en Brasil, cuánto está el precio en Argentina, cuánto está el precio en Perú, y con base en esas referencias, deciden cuándo sacar el producto al mercado. Eso es agio, eso es especulación, y no podemos permitirlo”, recalcó Silva, haciendo hincapié en que la nueva disposición brinda el respaldo legal necesario para enfrentar esta problemática sin vulnerar los derechos de los actores de la cadena productiva.

Transparencia en la Información sobre la Producción y Comercialización de Alimentos

El segundo apartado de la disposición adicional séptima establece la obligación de todos los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales a declarar, de forma veraz y bajo juramento, la información sobre la producción, transformación y comercialización de los productos. Esta información será tratada bajo el principio de confidencialidad y estará sujeta a la reglamentación que deberá ser aprobada por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Con esta medida, el gobierno busca transparentar todo el proceso de comercialización de alimentos y evitar prácticas que afecten directamente a los consumidores. La reglamentación correspondiente se emitirá en una Resolución Biministerial, que definirá cómo se implementarán estos controles y fiscalizaciones.

Una Estrategia Integral para Garantizar la Seguridad Alimentaria

La inclusión de esta disposición en el PGE 2025 forma parte de una estrategia integral para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Al fortalecer el control sobre el mercado de alimentos, el gobierno no solo busca evitar el aumento desmedido de los precios, sino también asegurar que las familias bolivianas tengan acceso a productos básicos a precios justos.

Esta medida se enmarca en un esfuerzo continuo del gobierno para enfrentar la inflación y la especulación que afectan a la economía nacional, especialmente en un contexto en el que los alimentos juegan un papel fundamental en el bienestar de la población.