La Paz, 02 de diciembre de 2024 (BOLNEWS). –
El Viceministerio de Defensa del Consumidor, a través de su titular, Jorge Silva, anunció este lunes que se llevará a cabo un proceso de fiscalización a la industria aceitera y a los intermediarios ante las denuncias de incremento injustificado en el precio del aceite de mesa. La acción responde a un notable aumento en el precio final del producto, que ha afectado a las familias bolivianas, especialmente a sectores populares que dependen de este producto básico.
Silva explicó en una entrevista con Red Uno que, según los reportes oficiales, el precio que las industrias aceiteras entregan a los mayoristas es de aproximadamente Bs 10,50 por litro, mientras que el precio en el mercado oscila entre los Bs 12 y Bs 17 por litro. Este incremento, superior a lo que corresponde, ha sido calificado como un acto de «agio y especulación», pues no guarda relación con los costos de producción ni con la oferta disponible en el país.
“Lo que estamos viendo es que los mayoristas, que compran en grandes cantidades, son los que están determinando el precio final del aceite de mesa. Es necesario un proceso de fiscalización tanto a la industria aceitera como a los intermediarios, para verificar si estamos ante una situación de especulación que afecta al consumidor”, afirmó Silva.
Según el Viceministro, en lo que va del año 2024 se produjeron 457.292 toneladas de aceite de mesa en el país, de las cuales 328.609 toneladas fueron destinadas a la exportación, mientras que la demanda interna alcanzó las 88.936 toneladas. Con un saldo de 39.747 toneladas disponibles para abastecer el mercado hasta fin de año, no debería existir escasez ni razón para el aumento desmedido en el precio.
Fiscalización a los Mayoristas y la Industria Aceitera
Silva expresó su preocupación por el comportamiento de los intermediarios, quienes, según las denuncias recibidas, están comercializando cantidades limitadas de aceite a precios significativamente más altos. “Los comerciantes al detalle nos han informado que los mayoristas entregan pequeñas cantidades de aceite y lo hacen a precios elevados, lo que incrementa el costo final para el consumidor”, indicó.
El proceso de fiscalización será exhaustivo y se llevará a cabo a nivel nacional, con el objetivo de proteger a las familias bolivianas de los abusos que puedan estar cometiendo tanto la industria como los intermediarios. Además, Silva recalcó que esta medida busca garantizar la transparencia en la cadena de distribución del aceite, un producto de primera necesidad en los hogares bolivianos.
Compromiso con el Bienestar del Pueblo
La intervención del Viceministerio de Defensa del Consumidor responde al compromiso del gobierno boliviano de velar por el bienestar del pueblo y la justicia en el acceso a los productos esenciales. El Estado continuará monitoreando el comportamiento del mercado y tomando las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones de especulación que perjudiquen a las familias trabajadoras.
La fiscalización se llevará a cabo bajo el principio de la justicia social, con énfasis en la protección de los sectores más vulnerables, que son los más afectados por los aumentos de precios sin justificación. Silva destacó que el gobierno no permitirá que intereses privados antepongan sus ganancias a las necesidades del pueblo boliviano.
“Las familias bolivianas no deben pagar el precio de las malas prácticas en el mercado. Es nuestro deber como gobierno garantizar que los precios sean justos y que la especulación no se adueñe de los productos esenciales”, concluyó Silva.
Con esta medida, el gobierno da un paso más en su esfuerzo por regular el mercado y garantizar que la producción nacional beneficie realmente a los bolivianos, sin distorsiones que favorezcan a intermediarios o grandes empresas a costa del pueblo.
