La Paz, 05 de noviembre de 2024 (BOLNEWS).

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó este martes que el bloqueo de caminos impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales ha generado una pérdida significativa para las finanzas del país. Según Cazón, el SIN dejará de recaudar más de 168 millones de dólares debido a la paralización del comercio y el transporte, que ya lleva 23 días.

«Estos bloqueos inciden enormemente en la economía del país. Hasta la fecha, hemos dejado de recaudar más de 168 millones de dólares, lo que representa una afectación directa a las arcas del Estado», explicó Cazón en una rueda de prensa.

A pesar de este contratiempo, la administración tributaria logró recaudar hasta el momento alrededor del 81% de la meta fiscal de esta gestión, que asciende a 35.000 millones de bolivianos (aproximadamente $4.800 millones de dólares). La cifra de recaudación alcanzada hasta la fecha es de unos 28.667 millones de bolivianos, lo que refleja el impacto negativo de los bloqueos en el proceso de generación de recursos para el país.

Posibles medidas para aliviar la carga tributaria

En respuesta a las dificultades que atraviesan los contribuyentes afectados por el bloqueo de caminos, Cazón indicó que el SIN está evaluando medidas para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. «Estamos analizando la posibilidad de ampliar los plazos de pago de impuestos y ofrecer facilidades de pago para aquellos contribuyentes que se han visto gravemente afectados por los bloqueos», señaló.

El presidente del SIN explicó que las autoridades están evaluando la viabilidad de estas medidas y que se anunciarán en los próximos días. “No solo se trata de ampliar plazos, sino también de estudiar otras alternativas como la flexibilización de los vencimientos, para ayudar a los contribuyentes a regularizar su situación sin perjuicio para su economía», destacó.

Impacto de los bloqueos en sectores clave de la economía

El bloqueo de caminos, que tiene su origen en las demandas políticas de los seguidores de Morales para garantizar su candidatura presidencial y la anulación de sus procesos penales, ha generado graves perjuicios en múltiples sectores. La paralización del transporte de mercancías ha afectado especialmente al comercio, la distribución de alimentos y la provisión de productos esenciales para la población.

Desde el viernes pasado, el Gobierno comenzó con los operativos de desbloqueo, logrando habilitar la conexión entre Cochabamba y el occidente del país, lo que permitió que los tráileres que estaban varados comenzaran a transitar. Además, en la localidad de Mairana, en el departamento de Santa Cruz, una parte de la población se autoconvocó para colaborar con la Policía en la liberación de las vías, ante el descontento por los efectos de los bloqueos en la vida diaria.

El Gobierno reafirma su posición: diálogo solo tras el levantamiento de bloqueos

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reiteró el domingo que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados, pero subrayó que esto solo ocurrirá una vez que se levanten los bloqueos de caminos. Del Castillo dejó claro que el diálogo no abarcará temas que impliquen la violación de la Constitución Política del Estado (CPE), como la impunidad o la protección de quienes enfrentan denuncias por delitos graves.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero solo en el marco de la ley y de la Constitución. Los bloqueos deben cesar para que el país recupere la normalidad y podamos avanzar en una solución pacífica y legal”, afirmó el Ministro.

El impacto económico de los bloqueos es significativo y no solo afecta a las arcas fiscales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de los sectores productivos del país, que ven cómo su capacidad de abastecerse de insumos y de hacer llegar sus productos a los mercados se ve severamente restringida.

El Ejecutivo, por su parte, sigue apostando por el restablecimiento del orden y la continuidad de los operativos para garantizar el libre tránsito y la normalización de las actividades económicas, mientras que los movilizados continúan exigiendo condiciones que, según ellos, son clave para asegurar la justicia política y social.

El futuro de la situación sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que la prolongación de este conflicto está dejando una huella económica y social que será difícil de ignorar para el Gobierno y los sectores afectados.

PL