Un dossier elaborado por el Viceministerio de Comunicación que incluye informes de instituciones internacionales y nacionales demuestra la vulneración al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión en Bolivia durante el régimen de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.
El documento titulado “Dossier, informes sobre vulneración de derechos humanos en Bolivia 2019-2020” reúne las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR), International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard, la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), el Instituto de Terapia de Investigación (ITEI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia – octubre – diciembre 2019”, indica que durante la ruptura institucional de 2019 y la instauración del régimen se identificó falta de medidas de protección para trabajadores de la prensa, el ataque por particulares a medios de comunicación, la coacción directa e indirecta sufrida por medios de comunicación con una línea política contraria al Gobierno, el peligro de la omisión de garantizar la labor de medios de comunicación formales y trabajadores de la prensa en contextos de conflicto social.
“Las declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades y exautoridades del Gobierno transitorio, con la intención de amedrentar a periodistas nacionales y extranjeros, además de radios comunitarias no afines a la línea gubernamental, vulneraron el derecho a la libertad de expresión con especial énfasis en sus componentes de pluralidad y diversidad”, se lee en parte del informe defensorial.
El informe “‘Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el Gobierno interino de Bolivia”, presentado por International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), coincide en que la labor de los periodistas fue amenazada durante el régimen de Áñez.
En base a información recopilada en este informe hasta el 27 de julio de 2020, en el documento se indica que tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Bolivia sufrió un aumento de violaciones a los derechos humanos y que durante el régimen se promovió la violencia, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias que “han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y el prospecto de unas elecciones justas y abiertas”.
“El gobierno interino boliviano debe reiterar y demostrar su compromiso por respetar y defender el derecho de los medios de comunicación a publicar sin miedo a la represión, por medio, en primer lugar, de la liberación de todos los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos bajo los cargos de sedición o terrorismo y, en segundo lugar, por medio de la reapertura de los medios de comunicación que fueron cerrados por el gobierno”, se lee una parte del informe.
Otro informe, el que fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, también hace mención a la vulneración de la libertad de expresión y la labor periodística.
“OACNUDH documentó múltiples casos de amenazas y agresiones físicas por parte de manifestantes en contra de personas que se dedican al periodismo y a la comunicación social, así como a freelancers que cubrían las protestas. La OACNUDH también recibió información acerca de presuntos ataques cometidos por las fuerzas de seguridad en contra de periodistas que cubrían las protestas en Sacaba y Senkata”, se lee.
“También resultan preocupantes las declaraciones públicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habrían cometido el delito de sedición. Afirmaciones como esas podrían alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación, generar autocensura e inhibir coberturas independientes”, añade.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta en su informe “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia” que tomó testimonios a periodistas que dieron a conocer la vulneración de derechos humanos.
“Según información recabada por la CIDH, del 20 de octubre al 2 de diciembre, se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos de 20 medios de comunicación nacional e internacional. Dichas agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes, como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, se lee en el documento.
El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR) da a conocer en su investigación que el régimen de Áñez usó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones presidenciales de 2019 a su favor. Hace mención a cómo la organización internacional evitó dar información a periodistas que investigaban las denuncias de supuesto fraude.
“No obstante, el Gobierno de facto, así como sus partidarios internacionales, han utilizado el Informe Final desde su publicación para justificar su usurpación no democrática del poder y su violación de los derechos humanos y los derechos al debido proceso. A pesar de la importancia del papel de la OEA en las elecciones, así como en el derrocamiento de Morales y sus consecuencias, la organización se ha negado a responder preguntas —con respecto a sus declaraciones e informes sobre las elecciones bolivianas— a periodistas, investigadores, miembros del Congreso de Estados Unidos o Estados miembros de la OEA”, indica el informe.
El Artículo 106 de la Constitución determina que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, señala.
Añade que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.
