El régimen de Jeanine Áñez sustentó el mando de la nación en el “poder y la protección” de las fuerzas de seguridad del Estado y el apoyo político, señaló este sábado el vocero presidencial, Jorge Richter.
“Creyó que esa presidencia duraría décadas y que la impunidad, el poder y la protección de la Policía y las Fuerzas Armadas le garantizarían a ella un futuro promisorio y el tiempo transcurre y el poder y el apoyo del poder militar es efímero y el apoyo del poder policial es más efímero todavía”, declaró la autoridad a la emisora Kawsachun Coca.
Áñez, que el 13 de junio cumplió 55 años, fue sentenciada a 10 años de prisión a la conclusión del juicio Golpe de Estado II en el que se le acusó de actuar contra la Constitución Política del Estado al autoproclamarse presidenta de la nación en 2019.
Richter señaló que la exparlamentaria –una figura política sin relevancia– de forma inesperada y obsesiva, con la posibilidad para convertirse en Presidenta del Estado, tomó la decisión de arrogarse el mandato sin cumplir la línea de sucesión constitucional, “probablemente pensando que el apoyo de las fuerzas del orden y la población no se disiparían en el tiempo”.
En su opinión, fue “instrumentalizada” por constructores del poder político.
El vocero mencionó que la falta de legitimidad del régimen se hizo patente durante la primera ola de la pandemia del coronavirus.
“Áñez adolecía de este mecanismo, estaba vacía de legitimidad, no contaba con capacidad de concertar con la oposición, el Movimiento Al Socialismo en ese momento, al igual que en la Asamblea Legislativa, no podía convocar a los actores sociales, organizaciones y definir una política de Estado para generar la ofensiva del sistema sanitario y fortalecerlo”, recordó.
Conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible durante la primera ola.
Jeanine Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció el en su momento el influyente The New York Times.
El aumento en muertes –entre junio, julio, agosto y septiembre de 2020– colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y a abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres en domicilios, calles, vehículos y en alrededores de los centros de salud. En la mayoría de los casos, las personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales que no pudieron acogerlos.
En un balance de abril a septiembre de 2020, la fuerza pública, encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios, informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”. Más de 9.000 muertos oficiales contabilizó el régimen de Áñez.
“En este marco, el incumplir la línea de sucesión establecida en la Constitución está sujeto a sanciones porque el mandato no puede estar en manos del partido minoritario, porque se precisa que el gobernante este embestido de goce de legitimidad, fortaleza política que la obtiene ganando una elección para que pueda establecer concertaciones políticas, acuerdos nacionales y enfrentar las adversidades”, remarcó la autoridad de la Presidencia.