La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) celebrará este jueves 86 años de su fundación con una historia de nacionalizaciones y procesos que la desmantelaron. El presidente Luis Arce participará del acto que recordará este hecho histórico con una proyección de ingresos para este año de $us 5.900 millones.
El 21 de diciembre de 1936, el gobierno de David Toro, asesorado por el teniente coronel Germán Busch y el ingeniero Dionisio Foianini, entre otros, creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este miércoles se cumplieron 86 años de ese hecho que quedó marcado en la historia.
Fue la estadounidense Standard Oil Company la que descubrió petróleo en Bermejo (1924), Sanandita (1926), Camiri (1927) y Camatindi (1931), pero sin generar riqueza para el país. Se la acusó de defraudar al Estado y de contrabandear petróleo a la Argentina y Paraguay, mientras que en la Guerra del Chaco (1932-35) se negó a suministrar petróleo a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
En 1935, el presidente José Luís Tejada Sorzano enjuició a la empresa por fraude y contrabando de petróleo. Y el 13 de marzo de 1937, el gobierno de Toro, que creó YPFB, firmó la primera nacionalización del petróleo y la confiscación de bienes a la Standard Oil, rememoró el Ministerio de Hidrocarburos.
El capital norteamericano buscó acaparar nuevamente el petróleo en Bolivia y encontró su oportunidad en el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En 1956, el Código de Petróleo o Davenport, generó condiciones adversas para el Estado en concesión, exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos.
Bajo este contexto vino la segunda nacionalización del 17 de octubre de 1969, cuando el gobierno de Alfredo Ovando Candia nacionalizó los bienes de la Gulf Oil, permitiendo la recuperación de las reservas de gas que manejaba ilegalmente la transnacional. Entre los promotores de esa medida estuvo el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y el responsable del control y toma de los campos petrolíferos fue el general Juan José Torres.
Entre 1994 y 1997, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada puso en marcha el proceso de “capitalización” de las empresas estatales, por la cual YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales privados (Andina, Chaco y Transredes, capitalizada por la quebrada norteamericana Enron), que le pagan al país un magro 18% en concepto de regalías.
Posteriormente, el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga impulsan la privatización de las refinerías de YPFB.
Durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-03) se registró la denominada Guerra del Gas en rechazo a la intención de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos. La represión militar contra civiles dejó más de 60 muertos y 400 heridos.
Como resultado de los luctuosos hechos, el 18 de julio del 2004 se dio el primer referéndum sobre los hidrocarburos en Bolivia. La población definió la recuperación de la propiedad pública de los hidrocarburos, la derogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada y la refundación de YPFB.
El Congreso aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que establecía un impuesto de 32%, que se sumados al 18% por regalías del 18 %, representaba un impuesto del 50%, pero el presidente Carlos Mesa (2003-2005) se negó a promulgarla.
La tercera nacionalización se dio en el gobierno de Evo Morales, a través del decreto 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco”. El objetivo fue recuperar, a favor del Estado, la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales hidrocarburíferos.
Tras la nacionalización, ahora YPFB controla toda la cadena productiva de los hidrocarburos: la exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje y comercialización de gas natural, petróleo y sus derivados, tanto en el mercado interno y externo.
La nacionalización de los hidrocarburos generó una histórica renta petrolera superior a los 38.000 millones entre 2006 y 2018, mientras que el periodo de la privatización apenas generó una renta petrolera de unos 3.000 millones de dólares.
El presidente Luis Arce fue Ministro de Economía en esa etapa de la tercera nacionalización y fue parte activa de este proceso de recuperación de los recursos naturales estratégicos.
Bolivia proyecta cerrar el año con aproximadamente $us 5.900 millones de ingresos por ventas consolidadas de hidrocarburos en los mercados externo e interno, monto que supera los niveles generados en los últimos siete años.
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