La Paz, 30 de septiembre de 2024 (BOLNEWS). –
El próximo 14 de octubre iniciará el juicio oral contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, los exministros Fernando López y Arturo Murillo, y los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes policiales y militares, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y otros, en el marco del denominado caso Golpe de Estado I.
Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, impulsora del proceso, confirmó que están “en puertas del inicio del juicio oral y contradictorio”, a la espera de la notificación con el auto de apertura.
El caso Golpe de Estado I investiga los hechos ocurridos en 2019, que derivaron en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales. Las movilizaciones violentas encabezadas por los cívicos Camacho y Pumari, sumadas a un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, desencadenaron lo que el gobierno boliviano califica como una ruptura del orden constitucional.
Acusados en el Proceso
Entre los acusados figuran también el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, el exinspector militar Jorge Fernández Toranzo, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante militar Sergio Orellana. Fernando López, exministro de Defensa, permanece prófugo, lo que añade complejidad al caso.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz programó la audiencia para las 09:00 del 14 de octubre, en la modalidad presencial. La defensa de Áñez y los demás procesados ya fue notificada con la apertura del juicio, que se desarrollará bajo acusaciones de terrorismo y asociación delictuosa.
Situación de los Acusados
Áñez, Camacho y Pumari enfrentan el proceso desde prisión preventiva. La exsenadora permanece en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz; Camacho, gobernador de Santa Cruz, está detenido en la cárcel de Chonchocoro, en Viacha; mientras que Pumari se encuentra en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.
El inicio del juicio marca un punto crucial en el camino para esclarecer lo sucedido en 2019 y fortalecer el compromiso del Estado boliviano con la justicia y la defensa del orden democrático.