La Paz, 20 de octubre de 2024 (BOLNEWS). –
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia enfrenta este lunes un desafío crucial: reunir los dos tercios necesarios para designar al sucesor del fiscal general Juan Lanchipa, cuyo mandato finaliza el 22 de octubre. En un contexto marcado por divisiones internas entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, el proceso de votación promete ser complejo.
Postulantes y proceso de votación
La Comisión Mixta de Justicia Plural presentó una lista de 10 candidatos seleccionados para el cargo. El actual fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, lidera la lista con la mayor puntuación (186 puntos), seguido por Iván Córdoba Castillo (170) y Henry Herrera Herrera (169). La nómina incluye a postulantes con amplia trayectoria en el ámbito judicial y académico.
El proceso de selección se rige por la Ley Transitoria para la designación del Fiscal General del Estado, que establece un máximo de 10 días para completar la elección. Si en la primera votación no se alcanzan los dos tercios necesarios, se procederá a una segunda ronda, excluyendo a los candidatos que no obtengan al menos 20 votos de respaldo. En una eventual tercera votación, se eliminará a aquellos que no reciban al menos 30 votos. El proceso continuará hasta que se logre la designación final.
Tensiones en la antesala de la votación
El ambiente previo a la sesión se ha visto marcado por tensiones y acusaciones cruzadas. La bancada de Comunidad Ciudadana solicitó al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, que el voto sea nominal, argumentando rumores de sobornos a parlamentarios para favorecer a ciertos candidatos. «Queremos transparencia en este proceso, ya que existen denuncias de dádivas ofrecidas a legisladores», manifestó el diputado Carlos Alarcón.
Por su parte, la senadora Centa Rek, de Creemos, expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para la designación, cuestionando la lista de candidatos presentada por la Comisión Mixta. «La mayoría del MAS en la comisión ha asignado puntajes altos para favorecer a sus postulantes, lo que genera suspicacias sobre la imparcialidad del proceso», señaló Rek.
División interna en el MAS y disidencias opositoras
El MAS llega dividido a esta votación crucial, con facciones que apoyan al presidente Luis Arce y otras leales al exmandatario Evo Morales, lo que añade incertidumbre al proceso. Las bancadas de oposición, tanto de CC como de Creemos, también presentan disidencias internas que podrían influir en el resultado.
El proceso de votación se llevará a cabo a partir de las 15:00, en una sesión que se anticipa tensa y prolongada. La decisión final será clave para definir el rumbo del Ministerio Público en los próximos años, en un momento en que la justicia boliviana enfrenta retos significativos.
¿Quiénes son los candidatos?
- William Alave Laura: Fiscal departamental de La Paz, doctor en Derecho Constitucional. Tiene 56 años y es docente universitario.
- Iván Córdoba Castillo: Juez del Juzgado Décimo Séptimo de Instrucción Penal de La Paz. Tiene 52 años.
- Henry Herrera Herrera: Abogado y docente con experiencia en el Consejo de la Magistratura. Tiene 51 años y es de Beni.
- Olvis Egüez Oliva: Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cruceño de 44 años.
- Roger Mariaca Montenegro: Fiscal departamental de Santa Cruz, con especialización en Derecho Penal. Tiene 36 años.
- Edwin Quispe Mamani: Exsecretario General de la Fiscalía General del Estado. Paceño de 42 años.
- Nuria González Romero: Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y exfiscal departamental de Cochabamba. Tiene 52 años.
- Rubén Ramírez Conde: Vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Tiene 57 años.
- Milton Montellano Roldán: Encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Chuquisaca. Tiene 55 años y es de Santa Cruz.
- Omar Fulguera González: Abogado con maestría en Derecho Penal, de Oruro. Tiene 46 años.
Expectativa y desafíos para la Asamblea
La designación del nuevo fiscal general será una prueba de fuego para la Asamblea Legislativa, que debe demostrar su capacidad para alcanzar consensos y garantizar un proceso transparente y legítimo. Las divisiones internas y las tensiones políticas entre las fuerzas legislativas podrían dificultar el avance, prolongando el proceso y dejando en evidencia las fracturas dentro del sistema político.
