La Defensoría del pueblo reportó este domingo que durante el paro cívico en Santa Cruz se registraron 42 casos de vulneraciones a los derechos humanos, por lo que, pidió una pacificación urgente.
Además, dijo, se debe investigar y sancionar las protagonistas de las vulneraciones.
“Con mucha preocupación, la Defensoría del Pueblo debe informar que, desde el 22 de octubre (inicio del paro por Censo) a la fecha, en Santa Cruz se ha registrado 42 casos de vulneración de derechos, donde niñas, niños, mujeres, ancianos, indígenas, entre otras poblaciones, son las más afectadas”, se lee en el pronunciamiento defensorial.
La ciudad de Santa Cruz cumple este domingo 23 días del paro impuesto por los cívicos con la ayuda de su brazo operativo, la paraestatal Unión juvenil Cruceñista (UJC).
La población denunció que los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios de violencia donde los bloqueadores- muchos en estado de ebriedad- incurren en extorsiones, vejaciones, agresiones y una serie de ilícitos.
Diversos sectores rechazaron esta medida extrema por atentar contra la reactivación económica del país y de las familias cruceñas que viven de su trabajo del día, como transportistas y gremiales.
Ante esta situación, la Defensoría condenó todos los actos de violencia durante el paro y aquellos que surgieron debido a la inseguridad ciudadana.
“(Las) agresiones físicas, ataques a la prensa, violaciones sexuales, asesinatos, el incendio de la Federación de Campesinos, así como el saqueo del inmueble de la Central Obrera Departamental, entre otros casos, no se deben repetir ni tampoco omitir”, señala.
Exhorta a todos los movilizados a precautelar la seguridad de niños, niñas y adolescentes, mujeres en gestación, personas adultas mayores, personas con discapacidad, a no exponerlos a situaciones que puedan vulnerar sus derechos y causarles daños irreversibles que mañana se puede lamentar.
Asimismo, pide al pueblo movilizado a “frenar la violencia, a no seguir confrontando a las familias y practicar la tolerancia y el diálogo” para lograr puntos de reencuentro y construir soluciones.
“La Institución Defensorial está consciente de que urge pacificar el país mediante respuestas efectivas, integrales e inmediatas por parte del Estado como único garante de la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, así como de investigar y sancionar los delitos registrados”, indica el pronunciamiento.
