La Paz, 24 de agosto de 2024 (BOLNEWS).- La Ley 1579 Transitoria, recientemente promulgada por el presidente Luis Arce y publicada en la Gaceta Oficial, establece un riguroso proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, que incluye 18 requisitos divididos en 9 generales y 9 específicos. Este marco legal busca asegurar que el próximo titular de la Fiscalía General sea una persona altamente cualificada y comprometida con la justicia y los derechos del pueblo boliviano.

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobará en los próximos días la convocatoria a este proceso de selección, que se desarrollará en un plazo de aproximadamente 57 días. Este cronograma muestra la determinación del Gobierno de Luis Arce de garantizar un proceso transparente, fundamentado en los principios de legalidad y probidad.

Requisitos para postularse: Un filtro necesario para garantizar la idoneidad

Los requisitos generales incluyen ser de nacionalidad boliviana, haber cumplido con los deberes militares (en el caso de los varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria pendiente de cumplimiento, y no contar con antecedentes de violencia contra la mujer o cualquier miembro de su familia. Además, se exige estar inscrito en el Padrón Electoral, hablar al menos dos idiomas oficiales del país, no incurrir en casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado, y no haber sido designado anteriormente como Fiscal General.

Por otro lado, los requisitos específicos establecen que el o la postulante debe tener al menos 30 años, no tener militancia en ninguna organización política, poseer un título profesional en derecho con un mínimo de ocho años desde su emisión, y contar con experiencia profesional de al menos ocho años. También se requiere formación y conocimientos especializados en ciencias penales y derecho constitucional, no haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado, y no haber patrocinado a personas culpables de delitos contra la unidad del Estado ni participado en procesos de enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional. Finalmente, cada postulante deberá presentar una propuesta de Plan de Trabajo.

Un proceso de evaluación transparente y participativo

Una vez publicada la convocatoria, los aspirantes tendrán 15 días para presentar sus postulaciones ante la Comisión Mixta de Justicia Plural. Durante el proceso de selección, todas las decisiones del Pleno de la ALP y de la Comisión Mixta serán adoptadas por dos tercios de los votos de las y los Asambleístas presentes, siguiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado. Este método garantiza que el proceso sea participativo y democrático, reflejando la voluntad del pueblo boliviano.

La evaluación y calificación de méritos de los postulantes se realizará sobre un total de 200 puntos, divididos en 120 puntos por la experiencia profesional y 80 puntos por la evaluación oral y el plan de trabajo. Solo aquellos candidatos que logren una puntuación igual o superior a 130 puntos pasarán a la etapa de designación final a cargo de la ALP.

Garantizando un futuro justo para Bolivia

La Comisión Mixta de Justicia Plural, junto con el Ministerio Público y la Defensa Legal del Estado, elevará un informe a la ALP con una lista de entre 5 y 10 postulantes que hayan obtenido las mejores calificaciones. De este grupo de candidatos será elegido el próximo Fiscal General del Estado, un rol crucial para la justicia boliviana. Este proceso es un paso decisivo en la construcción de un sistema de justicia que no solo sea independiente, sino también comprometido con el bienestar y los derechos de todos los bolivianos.

Con esta normativa y proceso de selección, el Gobierno de Luis Arce reafirma su compromiso con la transparencia, la meritocracia y la construcción de un sistema de justicia que sirva verdaderamente al pueblo. En un contexto donde la lucha por la justicia es constante, este proceso busca fortalecer las bases de una Bolivia más justa y equitativa.

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