El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, afirmó este martes que los actores del golpe de Estado de 2019 marcharon en busca de impunidad.
“Los mismos actores de 2019, que realizaron el golpe de Estado, son los mismos, ninguno se ha cambiado, son las mismas personas, las mismas figuras, nada más que un poco más viejos”, aseguró Montaño en una conferencia de prensa.
Señaló que las marchas con reducida convocatoria buscan “impunidad por los delitos que han cometido en el golpe de Estado” de 2019.
El excívico Luis Fernando Camacho, encarcelado de forma preventiva por el caso Golpe de Estado I, desde el 30 de diciembre de 2023, fue la bandera de movilización promovida por el Comité Pro Santa Cruz con la intención de expandir la protesta.
Uno de los pilares del proceso en contra de Camacho es la confesión que hizo en diciembre de 2019 de que su padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con policías y militares para que quiten el respaldo al gobierno del expresidente Evo Morales.
Además, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que el excívico recibió y movilizó millones de bolivianos a través de una cuenta bancaria antes, durante y después de la crisis de 2019.
Parte de los fondos fueron a cuentas del excomandante general de la Fuerza Aérea el general Jorge Gonzalo Terceros Lara. El abogado de Terceros, Eusebio Vera, confirmó los depósitos de parte de Camacho a su defendido y explicó que fueron “canalizados mediante el comandante General de las Fuerzas Armadas, el señor Williams Kaliman”.
De acuerdo con Montaño, los promotores del golpe de Estado no quieren responder por esos ilícitos y tampoco por las masacres de Senkata y Sacaba, que dejaron más de una veintena de personas fallecidas por impactos de bala.
“Hubo muertos en Sacaba y Senkata, también en el paro (por el Censo) al que han convocado el señor Camacho y el señor (Rómulo) Calvo durante los 36 días; hubo pérdidas económicas y lo que ahora buscan es impunidad ante la justicia”, insistió el ministro.
Durante los 36 días de paro por el Censo murieron tres personas en los bloqueos urbanos, y uno en la frontera con Brasil. Además, cuatro enfermos de cáncer fallecieron al no recibieron atención oportuna por la interrupción, precisamente, del tráfico vehicular.
Durante el violento paro cívico la inseguridad ciudadana en los puntos de boqueo provocaron, además, una violación grupal, cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas. Al final, los cívicos terminaron aceptando el censo en 2024, como lo había planteado el Gobierno antes del paro.
En tanto, los datos preliminares de las pérdidas económicas para el departamento sumaron $us 1.200 millones en el sector privado y Bs 300 millones en el sector estatal.
“Han pasado dos años, pero ellos, obviamente, no han perdido todavía esas malas mañas de violar los derechos del pueblo”, aseveró Montaño.
