El Gobierno de Bolivia afirmó este martes que la Policía precauteló el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales durante las protestas violentas en Santa Cruz derivadas de la detención del excívico Luis Fernando Camacho, no obstante, las denuncias de supuestos excesos son investigadas.
La posición fue expresada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, en respuesta a un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) sobre los actos de violencia desatados desde el 28 de diciembre en Santa Cruz.
“Es necesario apuntar que durante los sucesos mencionados las instituciones públicas actuaron para precautelar el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales de los bolivianos cumpliendo estándares nacionales e internacionales del uso de la fuerza. Las denuncias del supuesto exceso referidas en el comunicado son investigadas por las instancias competentes como corresponde”, afirmó en un comunicado grabado y que fue divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su documento de prensa titulado “Protestas en Bolivia: CIDH y RELE monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”, la CIDH hizo conocer que “ha tomado conocimiento de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado”.
En el informe detalla daños en 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales. Por esos hechos fueron detenidas 76 personas, de las que 24 aceptaron su culpa y fueron sentenciadas
Tras la detención de Camacho, el 28 de diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, grupos violentos vinculados al Comité pro Santa Cruz y a la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron aeropuertos como el internacional Viru Viru y saquearon e incendiaron edificios como de la Fiscalía, de Impuestos y del Banco Unión. Intentaron por varias noches tomar con violencia el edificio del Comando de la Policía, lo que activó la acción policial.
En el comunicado, el vicecanciller recordó que en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos violentos de finales de 2019, catalogó a grupos como la Unión Juvenil Cruceñista de “parapoliciales” y recomendó al Estado su desarticulación.
En tal sentido, el viceministro señaló que el “Estado Plurinacional de Bolivia honra sus compromisos internacionales, especialmente, aquellas vinculados con el ejercicio de los de derechos humanos”.
En esa línea, Mamani confirmó el arribo de “una misión técnica de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI Bolivia de los hechos de fines de 2019”, que cumplirá sus labores entre el 24 y el 26 de enero.
