El mundo católico celebra este 13, la “Jornada Mundial de los pobres – Jesucristo se hizo pobre por ustedes”. Sin embargo, en Santa Cruz, alentados por la Iglesia Católica, grupos organizados y armados de explosivos y armas caseras mantienen un estado de terror en vecindarios populares, ocupados por obreros, comerciantes minoristas, campesinos y profesiones de la clase media.
Los principales organizadores de la ola de violencia política y racial, el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar apoyados por la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista, no han cedido al Censo Nacional del 23 de marzo.
Por el contrario, convocaron a sus radicales sostener el forzoso paro indefinido desde el 21 de octubre, posición que sería ratifica por el cabildo de esta noche.
El recuento de la evaluación de la ola de violencia desatada por los “cívicos” y su brazo armado “unionista” en Santa Cruz, fue de cuatro víctimas fatales, una mujer violada en manada, presuntamente en las denominadas “rotondas del horror”.
Además de las pérdidas económicas por más de 700 millones de dólares, la interrupción de la producción de alimentos, golpe a las economías de subsistencia diaria de los sectores sociales empobrecidos, una organización campesina saqueada y quemada, una central obrera asaltada y más de 170 denuncias de personas heridas.
El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, portavoz de la CXI Asamblea de Obispos de Bolivia y quien se propuso en pronunciarse sobre la explosiva situación generada por los cívicos hasta el miércoles 15.
Pesoa emitió el mensaje acordado por los obispos reunidos en su asamblea el viernes pasado y que fue interpretado como un “tácito respaldo” a posiciones radicales y anti-gubernamentales.
“Hacemos hoy un llamado a todo el pueblo boliviano, gobernantes y gobernados, frente a todo lo que estamos viviendo, frente al conflicto que nos amenaza a todos con un desenlace cada vez más complicado, frente al odio, resentimiento e intolerancia que crece y que se apodera de nuestras calles”, señaló.
El peligro de una asonada política que incluso podría comprometer la seguridad ciudadana y democrática en Santa Cruz, no fue apaciguada por la Iglesia Católica.
“Y todo esto sucede en una sociedad en la que la libertad se va debilitando, la democracia auténtica está amenazada”.
“Realmente en la sociedad boliviana en este momento se intenta imponer un proyecto de país, que es el proyecto de algunos, pero no representa a todo el pueblo boliviano” y en Bolivia el Estado de Derecho “no garantiza los derechos básicos de todos. Es una ley al servicio de intereses de algunos, que se impone con parcialidad a aquellos que están desvalidos”.
Pesoa no tuvo ningún reparo, menos justificativo, para expresar “mi fraterna solidaridad con Mons. René Leigue Cesarí, Pastor de la porción del pueblo Dios que peregrina en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, que estos días enfrenta problemas”.
Leigue Cesarí, desde hace tantas homilías pronunciadas desde el púlpito, predicó mensajes de contenido político anti-gubernamental y de abierto apoyo al violento movimiento cívico en Santa Cruz.
Noviembre 6: “Es un momento particular que se está viviendo hoy en día, especialmente en nuestro país. Santa Cruz sigue la lucha por algo que de alguna manera ya han tomado consciencia en otros departamentos, esto que pide Santa Cruz, no es para Santa Cruz solamente sino para todos. Pero a pesar de eso siguen los problemas, no se solucionan. Santa Cruz está luchando, está pidiendo al Gobierno Censo y ¿cuál es la respuesta del Gobierno?: Cerco a Santa Cruz y la policía más a favor de ellos.
“O sea que Santa Cruz, de alguna manera está luchando contra el Gobierno, contra los movimientos sociales, contra la policía.¿Qué difícil no? Cuando se habla de que el Gobierno es para todos y siempre nos remarcan eso, de parte del Gobierno. Aquí no hay bolivianos de primera ni de segunda y aquí en Santa Cruz pareciera que no es eso que dicen, pareciera que si hay bolivianos de primera que se les da todo lo necesario, toda la custodia necesaria y otros que están a su suerte”.
Noviembre 12: La Pastoral de la Universidad Católica Boliviana – Sede Santa Cruz, publicó: “Es triste constatar que en Bolivia nuestros Gobernantes carecen de la esencia de esta autoridad moral. Ya el 2007, los Obispos Latinoamericanos en la Conferencia Episcopal en Aparecida, denunciaban esta realidad: “(…) Vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista”.
Resalta: “la decisión oficial del Censo para el 23 de marzo 2024, en un momento de ánimos caldeados, puede resultar en un detonante para radicalizar las posiciones y agudizar la escalada de violencia”.
La Universidad Católica Bolivia, según publicaciones post golpe de Estado de noviembre de 2019, fue el lugar de reuniones en donde se consumó la asunción al poder inconstitucional de Jeanine Añez.
En noviembre 13 de 2019, el Obispo Auxiliar de Santa Cruz, monseñor Estanislao Dowlaszewicz, señalaba “Gracias pueblo de Santa Cruz por la recuperación de la democracia. Gracias por pacificar a nuestra nación y nuestro departamento y ciudad. Gracias por el sacrificio de todo el pueblo y de cada uno de ustedes a lo largo de estos días de paros y bloqueos y también a la Policía que un paso definitivo y al Ejército.
De una manera especial gracias a los Jóvenes de Santa Cruz y Bolivia por su testimonio y fortaleza y entrega. Gracias por defender sus ideales de verdad, libertad y de paz.”.
Luego vendría las masacres de Senkata y Sacaba, las masivas detenciones ilegales, incluso de mujeres embarazadas, humillación, racismo y odio a los indígenas, y a muerte civil a los “detestables” masistas; y las bendiciones con agua bendita desde el helicóptero para combatir al COVID-19.
