La Paz, 19 de noviembre de 2024 (BOLNEWS). –
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó la noche de este martes que las leyes promulgadas por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sobre el cese de magistrados prorrogados y un crédito externo carecen de validez jurídica y serán enviadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se pronuncie sobre su legalidad. El ministro resaltó que las acciones de Rodríguez son una clara vulneración de autos constitucionales y anticipó que el Gobierno tomará las medidas pertinentes ante este hecho.
Según Del Castillo, las leyes promulgadas por Rodríguez el martes no tendrán efecto alguno, pues la sesión que aprobó esas normativas había sido declarada ilegal por el TCP a través del Auto Constitucional Plurinacional 0041/2024 del 19 de junio de 2024. Este fallo había anulado la sesión del 6 de junio convocada por Rodríguez, en la que se aprobaron varios proyectos de ley, entre ellos, el crédito de 176 millones de dólares para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi y la ley que pretendía cesar a los magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
«Lo que hizo hoy (Rodríguez) no tiene ningún tipo de validez jurídica. Esa sesión que habría convocado nació muerta, tal como lo dijo el Tribunal Constitucional en su fallo de junio», señaló Del Castillo, quien también destacó que la promulgación de estas leyes es un acto que transgrede la Constitución.
El objetivo detrás de la promulgación
El ministro lamentó que Andrónico Rodríguez, en su rol de presidente del Senado, se haya prestado al “juego político” de Evo Morales, quien, según Del Castillo, busca revertir su inhabilitación presidencial y postular nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025. En este sentido, la ley de cese de mandato de magistrados impulsada por Rodríguez tiene como objetivo, según el Gobierno, dejar sin efecto más de 8.000 sentencias constitucionales en todo el país, incluyendo la sentencia 0083/2024-ECA, que ratifica la inhabilitación de Morales para postularse nuevamente.
«Con la promulgación de esta ley, lo que Andrónico Rodríguez busca es dejar sin validez miles de sentencias constitucionales que protegen los derechos del pueblo boliviano. Su objetivo es claro: habilitar a Evo Morales para que pueda volver a postularse en 2025, lo cual es una clara violación de la Constitución», indicó el ministro de Gobierno.
Del Castillo también interpeló al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por apoyar estas acciones. Señaló que los legisladores de CC, como Lissa Claros, Guillermo Seoane y Carlos Alarcón, han respaldado la postura de Rodríguez, lo que, a su juicio, es un respaldo a la transgresión constitucional.
Un llamado al Tribunal Constitucional
Ante este panorama, el ministro de Gobierno anticipó que una vez que los documentos firmados por Rodríguez lleguen al Ejecutivo, serán remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se pronuncie sobre la vulneración de los autos constitucionales. «Cuando estos documentos lleguen al Ejecutivo, los remitiremos al Tribunal Constitucional para que asuma una postura sobre estos autos constitucionales violados», enfatizó Del Castillo.
El ministro también destacó que el acto de Rodríguez de asumir funciones propias del vicepresidente es inconstitucional, ya que, según la Carta Magna, no existe un mecanismo para suplir la figura del vicepresidente del país mediante la figura del presidente de la Cámara de Senadores. Este acto, señaló Del Castillo, representa una «usurpación de funciones» y una violación directa a la Constitución.
Conclusión: La lucha por la legalidad constitucional
El conflicto suscitado por las promulgaciones de Rodríguez refleja un enfrentamiento entre la legalidad constitucional y los intereses políticos de ciertos sectores que buscan modificar el orden establecido para sus propios fines. El Gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Gobierno, ha mostrado una postura firme en defensa de la Constitución y el orden jurídico, asegurando que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que no se vulneren los derechos del pueblo boliviano ni se alteren las normas que protegen el bienestar de la nación.
Este episodio subraya la tensión política en el país y la necesidad de que las instituciones constitucionales se pronuncien con contundencia ante actos que puedan poner en riesgo el Estado de derecho y la estabilidad jurídica del país.
RG
