“Se ha magnificado en el título” o “por ahí el título está mal”, así salió el rector de la UAGRM y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, a cuestionar y minimizar el alcance de la propuesta alentada por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo de “revisar la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
“Lo que pasa es que por ahí la redacción de repente no fue la más adecuada, porque cuando uno habla de revisar la relación de nuestro departamento con el país, pareciera ser que uno está buscando otras cosas”, explicó y aclaró, en su interpretación, que se pretende “una nueva relación entre sociedad civil y Estado”.
El llamado Comité Interinstitucional fue la instancia que organizó el paro cívico que se extendió por 36 días, alentado por Camacho, Cuéllar y Calvo. Tras una virtual aceptación del censo en 2024, que luego fue materializada, el cabildo del 13 de noviembre avaló la propuesta de Calvo y Camacho de “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
Hasta el momento no empezó ese trabajo, pese a los anuncios. Camacho anunció que tomaría juramento a los expertos que trabajarían en ese tema, pero no lo hizo. Poco después, explicó que no se dará a conocer los nombres de los integrantes de la comisión que empezarán a trabajar desde el 27 de noviembre, lo que tampoco ocurrió.
Este jueves, Calvo informó de la formación de comisiones que empezarán el análisis en enero y terminarán en septiembre. A diferencia de Cuéllar, mantiene inalterable la consigna de “la revisión del relacionamiento del departamento cruceño con el Estado Boliviano”.
Desde el Gobierno se cuestionó el interés de los grupos de poder cruceños. Las Fuerzas Armadas de Bolivia enviaron un inequívoco mensaje a las que describieron como “pequeñas logias oligárquicas”: fracasarán en sus intentos separatistas.
Cuéllar informó que este viernes serán presentados los miembros de un equipo técnico que analizará el cómo fortalecer la democracia y el tema productivo.
“Lo que sí se debe trabajar, analizar y reflexionar es sobre la nueva relación entre sociedad civil y Estado, que es una cosa muy distinta y es necesario hacerlo, entonces, nosotros vamos a aportar con nuestra reflexión”, explicó.
Camacho, Calvo y Cuéllar terminaron aceptando lo que el gobierno les propuso antes y en el primer día de paro, una fecha del censo definida sobre un estudio técnico. El censo será el 23 de marzo de 2024 y en septiembre de ese año empezará la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. También se entregarán los datos censales para la reasignación de escaños legislativos.
Durante el paro hubo cuatro muertos, racismo, discriminación, violencia, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, quema y saqueo de la sede campesina y de la Central Obrera Departamental, además de cercos a edificios de entidades públicas, entre otros hechos de violencia y violación de derechos humanos.
