En su condición de analista, Jorge Richter, afirmó este sábado que con el debate que proponen ciertos grupos políticos de Santa Cruz de revisar la relación de ese departamento con el Estado lo que se pretende es tapar la “derrota del comiteismo” cruceño que en 36 días de paro no logró su objetivo de que el Censo se realice en 2023, pero también que los hechos violentos, las cuatro muertes y las pérdidas económicas queden en la impunidad.
En declaraciones al programa Taypi, de la Radio Kawsachun Coca, Richter dijo que luego de su fracaso en la movilización y aceptar que la encuesta nacional se realice en 2024, la dirigencia cívica y la Gobernación de Santa Cruz instrumentalizaron el cabildo del 13 de noviembre para instalar un nuevo debate que es la revisión de la relación de esa región con el Estado.
Y esa labor se la delegó a un grupo “privado y corporativo” de personas anónimas que no fueren elegidas, pero que se le concede facultades constituyentes como para proponer modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE).
Según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, esa instancia trabajará “en reservas”, considerando una serie de propuestas desde profundizar las autonomías hasta el federalismo. Sus resultados serán presentados en septiembre de 2023.
No obstante, Richert advirtió que esa comisión, que trabajará de forma “reservada y anónima”, planteará mecanismos para “mantener privilegios” de “un pequeño grupo” que pretende imponerse al resto de los bolivianos.
Es por ello, que ciertos actores políticos empezaron a cuestionar la Constitución Política del Estado de 2009 arguyendo que “nació maltrecha” y que destruyó a las instituciones del Estado y que por eso es necesaria su modificación.
Según Richter, esos pequeños grupos “hacen esfuerzo para anular la Constitución Política del Estado” con el fin de “retornar a otros privilegios”.
“Este es un hecho absolutamente claro, mantener los privilegios por la vía de una idea que se llama federalismo, por una idea que se llama profundización de las autonomías, por una idea que se llama independencia, secesionismo, fragmentación del Estado boliviano, cualquier escenario es bueno si les permite mantener privilegios, ese es el tema central”, aseguró.
Pero, además, según Richter, lo que pretende ese debate que relegó la “importancia trascendental e histórica del Censo, para ellos”, es que quede en el “olvido las personas que perdieron la vida en Santa Cruz, los hechos de violencia, la quema de la sede de los campesinos”, el asalto a la sede de la Central Obrera Departamental (COD) y la agresión de las mujeres del pueblo indígena Ayoreo.
Lo que se quiere es “instalar un nuevo tema, darle mucha fuerza mediática para que todos los actores comprometidos con los 36 días tengan que salir” a explicar y a defender esta idea “marcando una coyuntura distinta para obviar los 36 días de paro, de muerte y daño económico”.
“Ya no hablamos de los 1.200 millones de dólares de pérdida, ni de las personas muertas, que esas familias no encuentren justicia, que no haya responsabilidad sobre parar a una región, causar un daño inexplicable, inentendible e irracional y nos abocamos a discutir estas otras temáticas”, fundamentó.
Refirió que bajo esa misma lógica se actuó para tratar de borrar del debate mediático y político las masacres de Senkata y Sacaba que se suscitaron luego de la ruptura del orden constitucional de 2019, cuando asumió de forma irregular la presidencia del país la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.
“Ahora van a intentar de que no debatamos, de que no analicemos, de que no pidamos cuentas sobre los 36 días. Tan rápido hay que quitar el tema de los 36 días porque ni siquiera quieren ver que los famosos 21 días del año 2019 han quedado de bajo de los 36 días, estos 36 días se sobreponen como una lucha perdida de parte del comiteismo de Santa Cruz”, aseguró.
Entonces, dijo Richter, “ya no hay que hablar de esto (de los 36 días de paro) de la derrota sufrida, para no hablar de que los 21 días épicos que se extinguieron, que se esfumaron y quedaron subsumidos en 36 días de una derrota que ellos sufrieron en términos políticos” porque no consiguieron su objetivo de realizar el Censo en 2023.
No obstante, a todo ello, Richter aseguró que los hechos de violencia y los daños causados a la economía no quedarán sin responsables porque no se dejará que “el manto de impunidad nuevamente haga su trabajo”.
“Ellos tienen una responsabilidad por los 36 días por lo que han generado y eso no puede quedar en el olvido”, enfatizó.
