La Paz, 18 de septiembre 2024 (BOLNEWS). –
La concejala Roxana Pérez del Castillo denunció este miércoles que la Subalcaldía de la Zona Sur del municipio de La Paz autorizó la regularización de al menos 10 construcciones comerciales fuera de norma, respaldándose en el Decreto Municipal 034, el cual fue abrogado en agosto y carece de efecto legal.
Uso indebido de norma abrogada
“El Decreto Municipal 034 fue abrogado el 10 de agosto de este año. Sin embargo, tanto el subalcalde de la Zona Sur como la Jefa de Unidad Legal han emitido informes que instruyen a funcionarios aprobar planos en base a este decreto ya sin vigencia, favoreciendo exclusivamente a empresas constructoras y no a la población paceña”, denunció Pérez del Castillo en entrevista con Bolivia Tv.
El decreto, aprobado por el alcalde Iván Arias en diciembre de 2023, modificaba las fórmulas de cálculo para reducir las multas por edificaciones irregulares, estableciendo montos inferiores al 50% de lo que fija la Ley 233. La concejala criticó que dicha norma tenía el propósito de facilitar la legalización de construcciones ilegales con sanciones pecuniarias irrisorias.
Descubren más casos de irregularidades
Inicialmente, se conocieron cinco casos de aprobación de planos en el marco del Decreto 034. Sin embargo, durante una intervención realizada este martes en la Subalcaldía Sur, se detectaron diez casos en total, todos ellos aprobados bajo el mismo procedimiento ilegal.
“Salimos de la subalcaldía con el doble de casos en solo un día, utilizando la misma estrategia: ordenar la aprobación de planos en base a un decreto abrogado. Esto reduce las multas para las constructoras, evitando demoliciones y reemplazándolas por sanciones monetarias insignificantes”, enfatizó Pérez del Castillo.
Intervención con Transparencia
La concejala informó que, junto al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se llevó a cabo la intervención en la Subalcaldía Sur. En estos momentos, se está realizando un análisis exhaustivo de la documentación para determinar las responsabilidades legales correspondientes.
Pérez del Castillo subrayó que la investigación continuará para asegurar que los involucrados en estos procedimientos ilegales y contrarios al orden normativo rindan cuentas por sus acciones. “Estamos ante un grave caso de corrupción que beneficia a intereses privados en detrimento de la ciudadanía”, advirtió.
RG
