La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tomó “una decisión” sobre la naturaleza de las aguas del Silala y declaró que Bolivia tiene soberanía sobre los canales construidos en su territorio.
La sentencia fue leída durante más de una hora por la presidenta del tribunal, la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, dando conclusión a un proceso iniciado por Chile en contra de Bolivia en 2016 y que fue titulado por el tribunal como la “Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala”.
“En vista de que las partes están de acuerdo en que el río Silala es un curso de agua internacional y la aplicabilidad del derecho internacional consuetudinario, la Corte constata que la petición A, de Chile, queda sin objeto por lo tanto la Corte no necesita tomar una decisión”, indicó Donoghue.
En su demanda, Santiago solicitó en su petición A que la Corte Internacional de Justicia juzgue y declare que “el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.
La postura del tribunal fue respalda por 15 jueces que votaron a favor y uno en contra.
Al igual que en la primera petición, la Corte tampoco se pronunció sobre la petición chilena de que “tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala”, sobre el uso actual que realiza y con relación a la obligación que tendría Bolivia de “tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en el Silala”.
Además de ello, por unanimidad la Corte rechazó la demanda de Chile de que Bolivia tiene “la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre el Silala, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental, para permitir que Chile pueda evaluar los posibles efectos de tales medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido”.
En ese punto, la Corte argumentó que Chile no demostró ningún “daño siquiera sensible” en el Silala, por lo que concluyó que “Bolivia no incumplió su obligación de notificar y comunicar” sus trabajos en la zona en apego al derecho internacional consuetudinario y por tanto determinó que “la alegación hecha por Chile debe ser rechazada”.
“En apoyo a esta conclusión, la Corte tomó nota de la voluntad de Bolivia de seguir cooperando con Chile para garantizar a cada parte un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala”, apuntó Donoghue.
Pero, además, la jueza enfatizó que la Corte invita “a las partes a tener en cuenta la necesidad de desarrollar consultas continuadas en un espíritu de cooperación para garantizar el respeto de sus respetivos derechos y la protección y salvaguarda del Silala y su medioambiente”.
Durante la lectura del fallo, la presidenta de la CIJ declaró que Chile no cuestiona la soberanía de Bolivia de definir qué sucederá con los canales construidos hacia 1908 por la empresa de ferrocarriles para trasportar el agua hacia Chile.
Donoghue señaló que “la Corte toma nota de las declaraciones de Chile según las cuales no se cuestiona que Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar los canales y restablecer los humedales en su territorio de acuerdo con el derecho internacional”.
Durante las audiencias orales de abril, los especialistas de Bolivia señalaron a los jueces de la CIJ que si los canales son desmontados, el caudal actual, de 300 litros por segundo, reduciría entre un 11 y 33 por ciento.
Esa medida ayudaría a restaurar los bofedales que, como efecto de los canales, fueron afectados.
