El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró nulos los decretos de ascensos militares firmados por el inconstitucional gobierno de Jeanine Áñez y su gabinete, “agrava terriblemente” la situación jurídica de la exgobernante, aseguró este viernes el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.
El fallo del TCP anuló los ascensos de Sergio Orellana Centellas, Pablo Guerra Camacho, Ciro Álvarez Guzmán y Moisés Mejía Heredia.
En opinión de Gutiérrez, esa administración, bajo el pretexto de seguridad interna del Estado, “ha actuado como un régimen de facto y brutal”.
“Ese gobierno ha sobrepuesto un decreto supremo a una ley, lo cual desordena la vida jurídica en un sistema democrático, por lo tanto, lo que ocasiona esto es agravar terriblemente la situación jurídica, judicial, por la que está atravesando la señora Áñez “, remarcó el experto a la estatal Bolivia Tv.
Con el respaldo de Palacio Quemado, que ocupaba Jeanine Áñez, la mañana del 21 de mayo de 2020 militares en uniforme de combate irrumpieron en el Senado para exigir la aprobación inmediata de sus ascensos.
El comandante de las Fuerzas Armadas de entonces, Sergio Orellana, hoy prófugo de la justicia, entregó una carta a la instancia legislativa con una advertencia: “Vamos esperar la siguiente semana para que la Asamblea ratifique los ascensos (…) si recibimos una respuesta negativa procederemos con nuestra reglamentación”.
A los pocos días, el inconstitucional gobierno ascendió a la cúpula castrense con la firma de los decretos supremos 4291 y 4306. La entonces presidenta del senado, Eva Copa, dijo que ese era una “acción hostil al sistema democrático y propia de una dictadura”.
Copa presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional la demanda contra la gobernante por haber “usurpado” funciones del Legislativo.
El TCP declaro nulos ambos decretos y dejó sin efectos los ascensos.
Los fundamentos jurídicos de este fallo se basan en el artículo 160, inciso 8, de la Constitución Política del Estado que estipula que la Cámara de Senadores «es la única instancia competente para decidir observar o ratificar los ascensos propuestos por el referido Tribunal de las Fuerzas Armadas a través de una resolución expresa, la misma que recién habilita la imposición de grados”.
La exsenadora, que guarda detención preventiva, tiene varios procesos en la justicia. En el llamado “Golpe de Estado I”, enfrenta delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política y social que siguió a las elecciones de 2019.
En el marco del caso “Golpe de Estado II”, la acusan de los delitos de incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionadas con la sucesión constitucional.
En un posible juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa se la acusa, junto a su primer gabinete y ex mandos militares y policiales, de genocidio por las muertes en Senkata, Sacaba y otros puntos del país.
