El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió este miércoles el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) respecto a las masacres, ejecuciones extra sumarias y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia durante el movimiento golpista del año 2019.
Tras los graves sucesos acaecidos a finales del año 2019, un año después y tras la recuperación de la democracia, el Estado Plurinacional de Bolivia permitió la llegada del grupo de expertos internacionales para desarrollar una investigación en el lugar de los hechos, la misma que fue plasmada en un informe de 479 páginas en las que se confirmó las graves vulneraciones a los derechos humanos.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce destacó el apoyo de los países al informe presentado por los expertos internacionales. “Hemos recibido el apoyo de una docena de países, todos absolutamente todos han respaldado el trabajo del GIEI. Ha sido una mañana importante, un respaldo para nuestro país, una expresión de solidaridad con las víctimas”, indicó, según un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.
Arce confirmó que durante la segunda semana de marzo se firmará un convenio con la CIDH para la conformación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
El GIEI-Bolivia fue conformado ante la gravedad de los hechos ocurridos en el país durante el movimiento golpista y el rompimiento del orden constitucional de 2019.
En reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, los expertos internacionales Patricia Tappatá, Marlon Weichert, Magdalena Correa y Julián Burger presentaron el informe e hicieron hincapié en que el estudio fue realizado en el lugar de los hechos, donde se constató las masacres y graves vulneraciones a manos de fuerzas del orden amparadas en el denominado decreto de la muerte, el 4078.
Tras la exposición de los expertos del GIEI, los países miembros de la Organización de Estados Americanos –incluida la representación estadounidense-, validaron los resultados de la investigación plasmada en el Informe Final e instaron al cumplimiento de las recomendaciones para la no repetición de esos hechos en ningún país del hemisferio.
Pruebas
El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, elogió el documento y aseveró que los hallazgos se constituyen en pruebas que podrían ser presentadas en eventuales juicios.
“Si yo fuera abogado utilizaría este informe en un juicio para demostrar una sumatoria de responsabilidades, estos -para mí- no son indicios ni son elementos de prueba, son pruebas, es prueba contundente, eso es lo impactante del asunto”, indicó.
“Lo primero que hay que hacer es felicitar al grupo de expertos independientes que llevaron adelante esta tarea (…). En las conclusiones yo diría que hay muy poca cosa para disentir y la enorme mayoría para coincidir en materia de responsabilidad del Estado por los actos desmesurados por parte de los agentes estatales y de particulares”, indicó el diplomático uruguayo.
Abdala señaló que “preocupa mucho” la constatación del informe en sentido de que los actos de violencia de 2019 tuvieron un importante componente de racismo y discriminación, “se apeló a la identidad étnica (…), las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y pretendieron ser utilizadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”.
Además, manifestó que las conclusiones y hallazgos del GIEI deben ser traducidas en acciones concretas. “Si sólo sacamos conclusiones desde el punto de vista analítico, esto queda como en un limbo, la esperanza que uno tiene es que desde una documentación de esta naturaleza se disparen acciones concretar en términos de modificación estructural del propio sistema”.
Por su parte, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, de igual manera, agradeció el trabajo realizado por el GIEI y también manifestó que la riqueza del mismo es que fue realizado en el lugar.
“Los Estados que pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos el deber de aceptar la presencia de esos organismos del Sistema Interamericano en el lugar de los hechos porque los informes que se preparan fuera del lugar tienen un nivel de mediatización de los hechos concretos, y pueden ser muy influenciados y modificados”, sostuvo.
El diplomático argentino lamentó que a diferencia del informe del GIEI, se hicieron informes apoyados en “testimonios de miembros de la `sociedad civil´”, con financiamiento para direccionar pensamientos con estrictos objetivos políticos e ideológicos, o de la llamada “prensa independiente”, concepto que calificó de superficial, artificial e interesado, agrega el reporte de prensa.
Quiero “relacionar estrechamente la descripción de estos informes con el golpe de Estado de 2019, en el cual siento la indignación y la vergüenza de que haya participado el gobierno que en aquel entonces estaba en mi país, tenemos diplomáticos, ministros, inclusive el propio expresidente (Mauricio Macri) imputado por el delito de contrabando agravado de armas, para que se ayudara a reprimir al pueblo boliviano en los hechos descritos en este informe”, indicó Raimundi.
El argentino observó la participación de la Secretaría General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia en la gestión 2019 y aseguró que el hecho no es un caso cerrado.
“La política siempre es conflicto, pero las democracias tienen una manera de procesar los conflictos y los gobiernos de facto son los que aplican este tipo de metodologías que dan lugar a este tipo de violaciones; y aquí estamos en una organización que tiene una profunda responsabilidad en haber creado condiciones, y clima social y político para un golpe de Estado y ese no es un caso cerrado, mucho ayudaría a recuperar la legitimidad de la OEA que se reconozca esa responsabilidad histórica que tuvo la conducción de esta organización”, insistió.
Golpe
Lla embajadora mexicana, Luz Elena Baños, destacó el trabajo del GIEI-Bolivia como un aporte fundamental a la paz y la salud democrática del hemisferio.
“Mi Misión agradece las importantes intervenciones de las y los expertos del GIEI y su destacado trabajo (…), luego de conocer los principales hallazgos de la investigación, reconocemos nuevamente que es un dramático capítulo de la historia política de este país (Bolivia) y de nuestro hemisferio, que continúa abierto”, manifestó.
Baños también se centró en la crítica a la injerencia cometida por la Secretaría General de la OEA y señaló que, de no sentar precedente al acto de instrumentalización política de la Misión Electoral de 2019, se podría atentar contra la estabilidad democrática de la región.
“Aunque las acciones antidemocráticas de funcionarios de la OEA aseguren que los resultados de la Misión de Observación de 2019 en Bolivia es un asunto cerrado, cuando en realidad su instrumentalización política facilitó el golpe de Estado que sufrió Bolivia, es necesario rescatar la memoria, la verdad y la justicia de lo acontecido en ese país y asegurar que ello no se repita nunca más en ningún otro sitio del hemisferio”, demandó la diplomática mexicana.
Luis Almagro, en su intervención, señaló que se toma nota del Informe Final del GIEI en relación a “las gravísimas vulneraciones” a los derechos humanos perpetradas en Bolivia, expresó su pesar a los familiares de las víctimas y reconoció que “los resultados de las mismas hablan por sí solos”, agrega el reporte de prensa.
