El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Edgar Salazar, pidió que los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) —Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto— sean investigados por su participación en los hechos luctuosos de noviembre de 2019, en el caso Golpe de Estado I.
“En Cochabamba han cometido delitos mucho más terribles, deberían estar involucrados en el caso Golpe de Estado I, porque este grupo armado fuera de la Constitución Política del Estado ha sembrado terror y miedo”, afirmó Salazar.
El pasado 12 de abril, los líderes de la paraestatal Molina y los hermanos Bascopé fueron sentenciados a seis años de cárcel por los hechos de violencia y destrozos de 2020 en el edificio de la Fiscalía General del Estado de Sucre.
Salazar lamentó la “pequeña” sanción impuesta, pero remarcó que aún deben ser investigados por otros delitos “mayores”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que atacó con violencia en la crisis de 2019 a gente de campo en la ciudad de Cochabamba.
El GIEI investigó los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019. En su informe final, pidió desarticular a este grupo, como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz.
La RJC fue protagonista de violentos incidentes durante el régimen de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Recorrían calles en motocicletas y golpeaban a las mujeres de polleras.
Salazar recordó que el GIEI- Bolivia pidió que los grupos paraestatales sean desarticulados en su totalidad para evitar que los hechos violentos vuelvan a repetirse.
