La Paz, 23 de septiembre de 2023. – La opositora Comunidad Ciudadana (CC) decidió no solo frenar la aprobación del proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, sino cualquier otro proyecto hasta tanto se apruebe la ley de interpelaciones, que está en consulta en el control constitucional.
Así lo admitió el diputado Manuel Ormachea, mientras su correligionaria, la senadora Andrea Barrientos, también en esa línea, condicionó la designación de embajadores en el Senado a la viabilidad del puente en Guayaramerín, pese a que el Gobierno tiene el compromiso de Brasil de financiarlo y concretarlo.
“Nosotros no vamos a aprobar ninguna ley hasta que nos devuelvan el derecho a censurar a los ministros”, aseguró Ormachea en un mensaje en su cuenta de la red social X en respuesta a la lista publicada por el ministro de Justicia, Iván Lima, de los 54 legisladores que impiden aprobar la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.
Los 54 diputados, entre “evistas”, de CC y Creemos, rechazaron la aprobación del proyecto de ley impulsado por el Gobierno tras conocerse las violaciones cometidas por sacerdotes de la Iglesia Católica, como el fallecido Alfonso Pedrajas, quien confesó que violó a 85 menores, la mayoría en el colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Esta iniciativa legal establece mecanismos de lucha contra la impunidad en delitos contra la libertad sexual cometidos en contra de los menores de edad. En la sesión de Diputados del jueves la iniciativa legal fue rechazada con 54 votos, por lo que su tratamiento fue aplazado hasta el próximo periodo legislativo (2023-2024).
Lima atribuyó a un acuerdo entre Evo Morales y Mesa la dilación y no aprobación de normas que están destinadas a proteger a sectores vulnerables de la población.
Los opositores condicionan activar su labor legislativa en el plenario a la aprobación del proyecto de Ley 504/22-23 de Aplicación Normativa sobre la Interpelación y los Efectos de la Censura. El texto se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que no puede ser considerad en el Legislativo.
Al no aprobarse el proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, también se aplazó la consideración de los proyectos de Ley (PL) 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2023), que incorpora mayores recursos para el país; el PL 064/2021-2022, sobre la enajenación a título oneroso, de 10 bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía de Cobija a favor de adjudicatarios poseedores.
También están bloqueados el PL 393/2022-2023, que da luz verde a la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad de la Alcaldía de Tarata, en Cochabamba, en beneficio del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo a la ejecución del proyecto de construcción de la casa de las memorias.
En la agenda pendiente también estaba la formación de la Comisión de Ética y la consideración del Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado, Plan Operativo Anual y Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2024 de la Cámara de Diputados.
Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado, la bancada de Comunidad Ciudadana boicoteó, el pasado miércoles, la sesión reservada que debía considerar la designación de embajadores.
En esa instancia está pendiente la aprobación del nombramiento de los embajadores bolivianos en Brasil, China, Colombia, Paraguay y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Barrientos afirmó que no se tratará ninguna designación de embajadores mientras no se de curso a la construcción del del puente sobre el río Mamoré entre Guayaramerín-Guajara-Mirim, que está en la etapa de diseño.
“La decisión que ellos toman es de truncar, de obstaculizar el desarrollo en el país, de hacer que este tipo de nombramientos se lleve adelante, no es la primera vez, la sesión era un caos”, explicó la presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón.
El proyecto de construcción del puente binacional Guayaramerín-Guajara-Mirim, data de hace más de 100 años. A pesar que había un compromiso de ejecución, el expresidente Jair Bolsonaro no le dio impulso. La propuesta fue reactivada por los presidentes Luis Arce y Luiz Inálcio Lula da Silva.
Brasil retomó las gestiones para la construcción de la obra, una deuda histórica que proviene del Tratado que Petrópolis de 1903. El diseño original consta de un puente de 1.200 metros a un costo de más de $us 52 millones, que serán cubiertos por Brasil.
El Gobierno de Brasil garantizó la inversión para la construcción del puente.
Las autoridades nacionales y del Beni evaluaron el jueves el avance del proyecto, que el Gobierno busca sea construido en el menor plazo y con las mejores características posibles.
